La Enmienda recoge textualmente que "en cualquier caso, los jueces o tribunales, motivadamente, podrán ordenar, a cargo del autor del hecho, la demolición de la obra y la reposición a su estado originario de la realidad física alterada, sin perjuicio de las indemnizaciones debidas a terceros de buena fe, pudiendo el juez, oída la Administración competente, condicionar temporalmente la demolición a la constitución de garantías que aseguren el pago de aquellas."
Con esto se da un paso importante para las personas afectadas, compradores de buena fe, a las cuales no se les podrá demoler sus viviendas sin antes recibir la indemnización correspondiente o se les garantice al menos el cobro de la misma.
Y nos referimos a muchos ciudadanos, un número importante de extranjeros, muchos de ellos británicos, que compraron en Andalucía y en otros lugares de la costa española, creyendo comprar una vivienda dentro de la legalidad, y que posteriormente supieron que no era así al encontrarse en suelo no aptos para la edificación residencial, incumpliendo las normas urbanísticas y por tanto la vivienda tenía que ser demolida, según señala la Asociación.
María de los Reyes Rueda añade que la enmienda da tranquilidad a muchos ciudadanos que viven diariamente angustiados temiendo quedarse sin sus casas y sin ser compensados por la pérdida de sus viviendas. Muchos de los perjudicados habían contactado con la Asociación para recibir asesoramiento y buscar una solución a su caso.
Por lo que la medida adoptada es muy positiva y cuenta con el respaldo y apoyo de la Asociación Española de Abogados Urbanistas. Y añade, los políticos deben ponerse de acuerdo para legislar y dar solución a los problemas de estas personas que compraron de buena fe, como así ha sucedido tras el acuerdo alcanzado en el Senado de los dos partidos PP y PSOE.
"No debemos olvidarnos que nuestro país es receptor de turismo extranjero. Queremos turismo de calidad y que los ciudadanos de los países de nuestro entorno vengan e inviertan en España, por lo que no podemos permitirnos, ahora que el sector Inmobiliario se esta recuperando, que esto vuelva a suceder", explica María de los Reyes Rueda.
Al menos con esta enmienda, que se introduce en el Código Penal, se dejará en manos de los jueces y Tribunales la potestad de condicionar dicha demolición a la previa garantía que asegure el cobro para los compradores perjudicados.
La Asociación Española de Abogados Urbanistas, sensible ante este tema de interés para muchos profesionales, lo tratará en las Jornadas que se incluyen dentro del XVº Curso de Aproximación al Derecho Urbanístico que se celebrará los próximo días 17, 20, 24 y 28 de abril 2015 en Madrid.
