La norma aprobada por el Congreso y el Senado "tiene como finalidad básica establecer la regulación del sector eléctrico garantizando el suministro eléctrico con los niveles necesarios de calidad y al mínimo coste posible", así como ceñirse a los "principios de protección medioambiental de una sociedad moderna" y "asegurar la sostenibilidad económica y financiera del sistema".
Este último aspecto es precisamente el que ha inspirado algunas de las novedades más relevantes de la ley, diseñada para acabar con el problema del déficit de tarifa, que se produce porque los ingresos destinados a la parte regulada del sistema son insuficientes para cubrir los costes de las actividades reguladas. Este agujero ha generado una deuda de cerca de 30.000 millones que los consumidores deben devolver en su recibo.
Para atajar el déficit de tarifa, la nueva ley incluye un nuevo esquema retributivo para las actividades reguladas en el que se toma como referencia los tipos del Tesoro y se añade un diferencial, de 200 puntos básicos en el caso del transporte y la distribución, y de 300 puntos básicos en el del ya extinto régimen especial, en el que figuran las renovables.
Este sistema contempla periodos retributivos de seis años revisables cada tres años conforme a la evolución de los precios de la energía. Además, en el caso de las renovables, se aplica sobre toda la vida regulatoria útil de las instalaciones, también la ya pasada, y conforme a unos estándares, según indica el real decreto que desarrollará estos aspectos.
La norma, que establece por primera vez la figura del autoconsumo de electricidad, no ha estado exenta de polémica durante su tramitación, especialmente a su paso por el Senado, donde el PP incluyó una enmienda que suspende partidas de dinero público comprometidas con el sistema eléctrico y que generará un déficit de tarifa de 3.600 millones en 2013.
Revisión automática de peajes
En todo caso, la nueva ley aspira a la suficiencia del sistema eléctrico y, para ello, incluye un mecanismo de revisión automática de los costes regulados, conocidos como peajes, de modo que cualquier desviación que se produzca durante el año quede automáticamente compensada con subidas de esta parte del recibo.
Si hasta ahora el déficit de tarifa lo financiaban las eléctricas o los mercados de deuda a través de titulizaciones, con la nueva ley el relativamente escaso desajuste que se genere será financiado por el conjunto de los participantes en las actividades reguladas.
Nuevo precio voluntario al pequeño consumidor
La norma también crea el llamado Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), que será el nombre que recibirá a partir del próximo miércoles la tarifa de luz regulada, hasta ahora conocida como Tarifa de Último Recurso (TUR). Se mantiene el umbral para disfrutarla en 10 kilovatios (kW) de potencia máxima.
Además, crea la figura del consumidor vulnerable, aunque el desarrollo normativo que lo acompañada mantendrá previsiblemente los perfiles incluidos en el actual bono social, si bien incluirá restricciones relacionadas con los ingresos.
Sanciones, control y territorio
La nueva ley también reformula el régimen sancionador para adaptarlo a la evolución que ha experimentado el sector desde el inicio del proceso de liberalización, al tiempo que revisa los mecanismos de control del sistema por parte de las autoridades públicas en materia de inspección, registro de actividades y control del fraude.
Junto a esto, contempla el carácter singular de los territorios extrapeninsulares, entre ellos Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, mientras que para el resto del territorio solo tiene en cuenta inversiones conforme a normas o actos administrativos que no sean de aplicación en todo el territorio español y que respondan exclusivamente a la actividad de producción de energía eléctrica.
