El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso que presentó el PSOE contra la reforma de la justicia universal aprobada en marzo. El Alto Tribunal ha dado traslado de la demanda del Grupo Parlamentario Socialista al Congreso, al Senado y al Gobierno, que disponen de quince días para personarse en el procedimiento y formular sus alegaciones.
La admisión a trámite no supone pronunciamiento alguno sobre el fondo del recurso, que el tribunal de garantías resolverá en las próximas fechas, según ha informado el Constitucional.
El principal grupo de la oposición interpuso un recurso de inconstitucionalidad al entender que la última reforma del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial vulnera la tutela judicial efectiva, la independencia de los jueces y varios convenios internacionales firmados por España.
Límites
La reforma limita la persecución de los delitos de genocidio y lesa humanidad a los procedimientos que se dirijan contra españoles o extranjeros que hayan adquirido la nacionalidad tras cometer el hecho o cuya extradición haya sido denegada.
El nuevo artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial elimina la posibilidad de actuar con una denuncia o a través de una acusación popular, para limitar su impulso a las querellas presentadas por el agraviado o la Fiscalía.
La reforma impone nuevos límites a los jueces españoles y recoge en la lista de ilícitos a perseguir los delitos de violencia contra la mujer y la violencia doméstica, las torturas o la corrupción de agente público extranjero.
Confiere a la Sala Segunda del Tribunal Supremo la potestad de valorar la posibilidad de que los jueces españoles puedan conocer los hechos, en caso de que el Estado no esté llevando a cabo una investigación efectiva de los mismos.
