Hechos
La EUIPO concedió a Nestlé el registro en la clase 30 del siguiente signo tridimensional, conocido como KIT KAT:
Cadbury (posteriormente Mondelez) presentó una acción de nulidad basada en la falta de carácter distintivo del signo. La acción fue estimada en primera instancia y luego revocada por la Sala de Recurso al considerar que, si bien la marca carecía de carácter distintivo, se había probado que había adquirido distintividad por el uso en la UE. En particular, la Sala de Recursos admitió que la marca había adquirido distintividad en Dinamarca, Alemania, España, Francia, Italia, Países Bajos, Austria, Finlandia, Suecia y Reino Unido, países que representaban el 90% de la población europea entonces. En cambio, la Sala de Recurso no se pronunció sobre la distintividad sobrevenida en el resto de países que también formaban parte de la UE.
El Tribunal General revisó el caso y concluyó que la Sala de Recursos había entendido, acertadamente, que la marca había adquirido distintividad en los citados diez Estados miembros pero que había incurrido en error al no pronunciarse sobre el carácter distintivo adquirido en el resto de países de la UE. En consecuencia, el Tribunal General anuló la resolución de la Sala de Recurso.
Contra la sentencia del Tribunal General, presentaron recurso de casación todas las partes implicadas. Así, Mondelez solicitó la anulación de los fundamentos de la sentencia donde se recogía que la marca había adquirido distintividad por el uso en diez países de la UE. Por su parte, Nestlé y la EUIPO solicitaron la anulación total de la sentencia.
Pronunciamientos
El Tribunal de Justicia inadmite el recurso de Mondelez señalando, por un lado, que puede interponer recurso de casación la parte cuya pretensión haya sido desestimada -lo que no ocurre en este caso pues a instancia de Mondelez la resolución ha sido anulada- y, por otro lado, que la desestimación de una pretensión se contempla en el fallo y no en los fundamentos de una sentencia.
Al mismo tiempo, el Tribunal de Justicia aclara que la fuerza de cosa juzgada se extiende, únicamente, a los fundamentos en los que se basa el fallo y que son indisociables del mismo. Por eso, la desestimación de las alegaciones de Mondelez -se entiende, aquellas tendentes a negar que la marca hubiera adquirido distintividad en una parte de la UE- no han adquirido fuerza de cosa juzgada y se podrán plantear de nuevo en el marco de un eventual recurso contra la resolución que adopte la Sala de Recurso, tras la anulación de su resolución inicial por el Tribunal General.
Por otro lado, el Tribunal de Justicia desestima los recursos de Nestlé y de la EUIPO al confirmar que la Sala de Recurso no debería haber reconocido la distintividad sobrevenida en la UE sobre la base de la adquisición de carácter distintivo en diez Estamos miembros, sin haberse pronunciado sobre la distintividad en el resto de Estados, en particular, en Bélgica, Irlanda, Grecia y Portugal.
Nestlé y la EUIPO habían invocado a su favor la sentencia de 24 de mayo de 2012, en el asunto Chocoladefabriken Lindt, C 98/11 P, en la que Tribunal de Justicia había declarado que resultaría excesivo exigir la prueba de la distintividad sobrevenida respecto a cada Estado miembro de la UE. No obstante, en contra de las alegaciones de Nestlé y de la EUIPO, el Tribunal niega que el pronunciamiento de esta sentencia de 2012 signifique que sea suficiente probar la distintividad sobrevenida en una parte significativa de la UE. Aclarado esto, el Tribunal de Justicia interpreta esta sentencia como un simple reconocimiento de que hay pruebas que, en determinadas circunstancias, pueden demostrar el carácter distintivo en varios Estados miembros a la vez, sin que sea preciso que la prueba se presente individualmente para cada uno de ellos. Uno de los ejemplos sería aquel en el que un titular de marca haya agrupado a varios Estados miembros en una misma red de distribución y los trate como un único mercado. En un caso así, la prueba relativa a este mercado podría ser pertinente respecto a varios Estados miembros al mismo tiempo.
Finalmente, el Tribunal de Justicia concluye que cuando una marca carece de carácter distintivo en el conjunto de la UE, la distintividad sobrevenida debe acreditarse en todo el territorio de la Unión, “y no solo en una parte sustancial o en la mayor parte del territorio de la Unión, de modo que, aunque tal prueba pueda aportarse globalmente con respecto a todos los Estados miembros concernidos, o bien por separado respecto a diferentes Estados miembros o grupos de Estados miembros, no es, en cambio, suficiente que aquel a quien incumba la carga de la prueba se limite a presentar elementos probatorios de tal adquisición que no cubran una parte de la Unión, incluso consistente en un solo Estado miembro.”
Comentario
En materia procesal, la sentencia del Tribunal de Justicia afirma un principio ya conocido, según el cual, pueden interponer recurso las partes cuyas pretensiones hayan sido desestimadas, produciéndose tal desestimación en el fallo y no en los fundamentos de la resolución. La consecuencia de este principio es la inadmisibilidad de los recursos que se presenten exclusivamente con la finalidad de modificar los fundamentos de una resolución.
En otras ocasiones, la inadmisibilidad de los recursos presentados contra los fundamentos se ha justificado en las instancias judiciales europeas negando que los recurrentes tengan un interés prexistente, real y actual en la impugnación de la resolución y negando que se pueda justificar dicho interés en hipotéticas situaciones futuras e inciertas.
La cuestión de la inadmisibilidad de los recursos contra fundamentos, que parece estar clara en sede judicial, no lo está tanto en los procedimientos ante la EUIPO ya que hay casos de recursos declarados admisibles, a pesar de haber sido presentados exclusivamente contra los fundamentos de las resoluciones dictadas por la División de Oposición o la División de Anulación. Estos recursos contra fundamentos se vienen articulando por la vía de la adhesión al recurso del artículo 68.2 RMUE (anteriormente, en el artículo 8.3 Reglamento de procedimiento de las salas de recurso de la OAMI) y cabe cuestionar su admisibilidad ya que, estando vedada la presentación de recurso para la parte que haya visto estimada su pretensión, no hay motivo para que, por vía de la adhesión al recurso del contrario, se pueda pedir a la Sala de Recurso que revise un fundamento de la resolución que, en definitiva, le es favorable. No parece razonable que por vía de adhesión al recurso del recurrente se puedan impugnar los fundamentos de una resolución cuando este tipo de impugnación no cabe por vía directa de recurso.
Por otro lado, hay que preguntarse por los medios de impugnación que tendría un recurrente que haya planteado un recurso contra los fundamentos de una resolución si ve desestimada su pretensión de modificación de estos fundamentos, pero la resolución que se adopte le sigue siendo favorable desde la perspectiva del fallo. No es presumible que en sede judicial pueda admitirse una impugnación de estas características.
En cuanto al fondo del asunto, la sentencia del Tribunal de Justicia trata la cuestión relativa al ámbito territorial de la prueba acreditativa de la distintividad sobrevenida en toda la UE. Este tema había suscitado dudas, especialmente, tras la sentencia de 24 de mayo de 2012, puesto que dejaba abierta la puerta a la posibilidad de que no se exigieran pruebas de la distintividad sobrevenida en cada uno de los Estados miembros de la UE. De hecho, esta sentencia vino a respaldar la aplicación del mecanismo conocido como “extrapolación”, definido por la EUIPO en sus Directrices actuales (versión 1 de octubre de 2017) como aquel que, a la vista de determinadas pruebas, permite reconocer la distintividad sobrevenida en Estados miembros no contemplados en dichas pruebas. A partir de la sentencia que ahora comentamos, los procesos de “extrapolación” deberán ser definidos de una manera más estricta en la medida en que el Tribunal de Justicia ha dejado claro que el carácter distintivo adquirido por el uso debe acreditarse en todo el territorio de la UE, y no solo en una parte sustancial de la Unión y que, aunque la prueba pueda aportarse globalmente respecto a varios Estados miembros, no es aceptable que la prueba de la distintividad sobrevenida no cubra una parte de la Unión, incluso si se trata del territorio de un solo Estado miembro.
El Tribunal de Justicia ha puesto el listón de la prueba muy alto, lo que implicará que los procesos de prueba sobre la distintividad sobrevenida de marcas tridimensionales, así como de color, y las demás que sean susceptibles de carecer de carácter distintivo en toda la UE, vayan a ser complejos y muy costosos.
Cabría considerar si la amplia extensión geográfica que se exige a la prueba podría quedar contrarrestada con un requerimiento probatorio cualitativamente menor. A este respecto, será interesante estudiar la resolución que ponga fin a la contienda entre Nestlé y Mondelez ya que tendrá que pronunciarse sobre la adquisición de carácter distintivo en toda la UE, incluyendo, por tanto, los países respecto a los que la Sala de Recurso guardó silencio y, en relación a los cuales, la prueba aportada no fue tan contundente como en el resto.
Autor: Ana Donate, Anuario Elzaburu, Edición 2018 (recopilatorio de comentarios de jurisprudencia europea en materia de Derecho de Propiedad Industrial e Intelectual que realiza Elzaburu).
Texto de la sentencia proveniente de la base de datos El Derecho Internet Mementos. Más información y posibilidad de probar gratuitamente el producto en https://www.efl.es/catalogo/bases-de-datos-juridicas-de-el-derecho
Versión en inglés:
1. Background. The EUIPO granted Nestlé registration in class 30 for the following three-dimensional sign, known as KIT KAT:
Cadbury (now Mondelez) filed an invalidity action based on the sign’s lack of distinctive character. The action was accepted at first instance and the decision was subsequently overturned by the Board of Appeal, holding that while the mark was devoid of distinctive character, it had been proven that it had acquired distinctive character through use in the EU. In particular, the Board of Appeal accepted that the mark had acquired distinctive character in Denmark, Germany, Spain, France, Italy, the Netherlands, Austria, Finland, Sweden and the United Kingdom, countries making up 90% of the European population at that time. However, the Board of Appeal did not issue any findings with regard to acquired distinctiveness in the rest of the countries that also formed part of the EU.
The General Court reviewed the case and concluded that the Board of Appeal had correctly found that the mark had acquired distinctive character in the ten aforementioned Member States but that it had erred in not issuing any finding on acquired distinctiveness in the rest of the countries of the EU. Consequently, the General Court annulled the Board of Appeal’s decision.
All of the parties involved filed an appeal against the General Court’s judgment. Mondelez thus petitioned the Court to set aside the parts of the judgment which held that the mark had acquired distinctive character through use in ten countries of the EU. Nestlé and the EUIPO requested that the judgment be set aside in full.
2. Findings. The Court of Justice rejects Mondelez’s appeal as inadmissible, finding, on the one hand, that an appeal may be brought by any party which has been unsuccessful in its petitions (which is not the case here, given that the decision was annulled at the request of Mondelez) and also that the rejection of petitions is set out in the operative part and not in the grounds of the judgment.
The Court of Justice also clarifies that the force of res judicata extends only to the grounds of a judgment which support its operative part and are, therefore, inseparable from it. Thus, the dismissal of Mondelez’s arguments (understood to be those that refute that the mark has acquired distinctive character in a part of the EU) has not gained the force of res judicata and those same arguments may be put forward again in the context of a possible appeal against the decision that may be adopted by the Board of Appeal, following the annulment of its initial decision by the General Court.
Moreover, the Court of Justice dismisses the appeals filed by Nestlé and by the EUIPO, confirming that the Board of Appeal should not have acknowledged acquired distinctiveness in the EU based on distinctive character acquired in ten Member States without having issued any finding on the distinctive character in the rest of the Member States, in particular, in Belgium, Ireland, Greece and Portugal.
Nestlé and the EUIPO had invoked in their favour the judgment of 24 May 2012 in the Chocoladefabriken Lindt case (C-98/11 P), in which the Court of Justice declared that it would be unreasonable to require proof of acquired distinctiveness in respect of each Member State of the EU. However, contrary to the arguments put forward by Nestlé and by the EUIPO, the Court denies that the finding of this 2012 judgment means that it is sufficient to prove acquired distinctiveness in a significant part of the EU. Having clarified that point, the Court of Justice interprets this judgment as a simple acknowledgement that there is evidence which, in certain circumstances, can show distinctive character in several Member States at the same time, without it being necessary to submit proof individually for each one. One example would be the case of a trademark proprietor that has grouped together several Member States in the same distribution network and treats them as a single market. In such an instance, the proof relating to this market is likely to be relevant for several Member States at the same time.
Finally, the Court of Justice concludes that when a trademark lacks distinctive character in respect of the entire territory of the European Union, acquired distinctiveness must be shown throughout the EU, “and not only in a substantial part or the majority of the territory of the EU. Thus, although such proof may be produced globally with respect to all of the Member States concerned, or separately for different Member States or groups of Member States, it is not, on the other hand, sufficient for the party with the burden of providing such proof to merely submit evidence of acquired distinctiveness that does not cover part of the EU, even if it is only a single Member State”.
3. Remarks. From the procedural standpoint, the Court of Justice’s judgment asserts an established principle that parties whose petitions have been unsuccessful may file an appeal, and that the rejection of petitions is set out in the operative part and not in the reasoning of the decision. The consequence of this principle is the inadmissibilty of appeals that are filed exclusively with the aim of amending the grounds of a decision.
On other occasions, the inadmissibility of appeals filed against the grounds of decisions has been justified by European courts by denying that the appellants have a genuine preexisting interest in contesting the decision and refuting that such interest can be justified by unknown future hypothetical scenarios.
The issue of the inadmissibility of appeals against the grounds of decisions, which appears to be clear in the courts, is less clear in proceedings before the EUIPO, given that there are cases of appeals that have been declared admissible despite them having been filed solely against the grounds of the decisions issued by the Opposition Division or the Cancellation Division. Such appeals against the reasoning of decisions are articulated through a cross-appeal, as provided for under Article 68.2 EUTMR (formerly, in Article 8.3 of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal) and their admissibility is questionable, given that since a party whose petitions have been accepted is prohibited from filing an appeal, there is no reason why, by means of a cross-appeal, the Board of Appeal should be asked to review an element of the reasoning of the decision, which ultimately ruled in said party’s favour. It does not seem reasonable that by means of a cross-appeal in an appeal filed by the other party, it is possible to challenge the reasoning of a decision when this type of challenge is not possible through a direct appeal.
Moreover, one has to wonder what means of challenge would be available to an appellant who has filed an appeal against the grounds of a decision if his petition to amend those grounds is rejected but the decision adopted is still favourable from the standpoint of the operative part of the decision. It is unlikely that such a challenge would be admitted in the courts.
As for the substance of the matter, the Court of Justice’s judgment deals with the issue of the territorial scope of proof of acquired distinctiveness throughout the EU. This matter had given rise to doubts, particularly following the judgment of 24 May 2012, given that it left the door open to the possibility that evidence of acquired distinctiveness would not be required for each of the Member States of the EU. In fact, this judgment served to support the application of the mechanism known as “extrapolation”, defined by the EUIPO in its current guidelines (1 October 2017 version) as a mechanism according to which, in view of certain evidence, acquired distinctiveness may be recognised in Member States not covered by said evidence. In the light of the judgment on which we are commenting here, the processes of “extrapolation” should be more narrowly defined, given that the Court of Justice has made clear that distinctive character acquired through use must be shown for the entire territory of the EU and not just in a significant part of the EU and that, even if evidence may be filed globally in respect of several Member States, it is not acceptable for the evidence of acquired distinctiveness not to cover one part of the EU, even if it is a single Member State.
The Court of Justice has set the bar very high, meaning that the processes of evidencing acquired distinctiveness for three-dimensional trademarks, as well as colour marks, and any others likely to be considered devoid of distinctive character in the whole of the EU, will be very complex and very costly.
It is perhaps worth considering whether the broad geographical scope required of the evidence might be offset by a qualitatively lower requirement for the evidence. In this regard, it will be interesting to study the decision that brings an end to the conflict between Nestlé and Mondelez, as it will have to rule on acquired distinctiveness in the entire EU, including, therefore, the countries on which the Board of Appeal did not issue any finding and in relation to which the evidence submitted was not as decisive as it was for the rest of the countries.
STribunal de Justicia (UE) Sala 3ª de 25 julio de 2018 (1)
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