En un comunicado, la organización añade que, tras las telecomunicaciones, un 34% de las más de 1.680 personas encuestadas (socios y no socios de OCU) ha presentado reclamaciones relacionadas con el sector bancario, mientras que un 32% lo ha hecho con los seguros y un 30% con los viajes.
Asimismo, destaca también los problemas en el ámbito de las reformas y reparaciones en el hogar, con un 28%, a pesar de ser un servicio mucho menos generalizado que otros. Por el contrario, los sectores que generan menos problemas son el transporte público (13%) y la venta de ropa y calzado (9%).
En conjunto, un 80% de los ciudadanos se ha visto obligado a reclamar en los últimos cinco años, mientras que un 12% de los consumidores decidió no hacerlo, siendo el principal motivo para ello la falta de consecuencias prácticas que consideran tendría su reclamación.
Asimismo, un 42% de los usuarios señala que su reclamación se resolvió de forma plenamente satisfactoria y un 35% admite que se resolvió parcialmente, frente al 23% que reconoce que resultó inútil. El 60% de los consumidores tuvo que contactar más de tres veces con la compañía y un 46% de los consumidores reconoce que tuvo que esperar entre uno y seis meses para su resolución.
El tipo de problema varía si se trata de productos o de servicios. Entre los productos, los principales problemas fueron el mal funcionamiento (35%) y que no se ajustasen a lo previsto o lo prometido en la publicidad (14%). Entre los servicios, los usuarios se quejaron sobre todo de problemas en la facturación (28%) y de problemas con el contrato (22%).
En el caso de las reclamaciones de productos que fueron resueltas positivamente, lo más habitual fue la reparación del producto (35% de los casos). En el caso de las relacionadas con servicios, la solución más habitual fue la devolución del dinero reclamado (34% de los casos).
La organización añade que, a través de su plataforma Reclamar, recibió en 2019 más de 52.000 reclamaciones, con las telecomunicaciones ocupando también el primer puesto. "OCU exige al nuevo Gobierno la implantación de sistemas de resolución de conflictos que permitan resarcir al consumidor y una Ley que garantice una atención al cliente de calidad", agrega.
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