Esta iniciativa tiene como objetivo derogar el plazo general de seis meses y en el especial de dieciocho meses para las investigaciones expresamente declaradas complejas, establecido en la Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales.
El grupo proponente argumenta que la limitación temporal "supone, en la práctica, una mayor inseguridad jurídica y abre indeseables espacios de impunidad". Además, argumenta que "acortar los plazos de investigación sin incrementar los medios equivale a serias dificultades para que la investigación de delitos se complete en los plazos previstos".
Por lo tanto, la proposición de ley plantea la derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal relativo a los plazos de las diligencias de instrucción. Si completa todo el proceso legislativo, esta ley se aplicará a todos los procedimientos que se hallen en tramitación a su entrada en vigor.
Tras obtener el respaldo de la Cámara, la propuesta de modificación continuará su tramitación legislativa, con la apertura del plazo de enmiendas que serán estudiadas en ponencia. El informe de la ponencia se remitirá a la comisión pertinente, que debatirá y votará las enmiendas para emitir un dictamen que, en caso de que no se apruebe su avocación al Pleno, será remitido al Senado.
