Según sus cálculos, una microempresa con cinco trabajadores destina de media más de 2.000 euros para adaptar sus instalaciones a las normas de salud pública establecidas por Sanidad.
A esto hay que añadir el coste de las pruebas PCR que se están llevando a cabo como medida preventiva y que, según Cepyme, rondan de media los 180 euros por trabajador, con lo que una microempresa con cinco empleados destinaría a estas pruebas unos 900 euros.
Se trata, según Cepyme, de un importante desembolso para una pyme en un momento en el que la actividad económica "se encuentra dañada y todavía muy paralizada para la mayoría de ellas".
Asimismo, la patronal de las pymes ha destacado que para que las pruebas PCR fueran realmente efectivas deberían realizarse de manera periódica. No obstante, el coste hace "totalmente inviable" esta medida, sobre todo para las empresas más pequeñas.
Por ello, y dado que el coronavirus es un problema de salud pública que no tiene naturaleza laboral, Cepyme considera que el coste de las pruebas PCR debería ser asumido por el erario público.
La patronal ha señalado que el cumplimiento de las medidas sanitarias y la realización de pruebas PCR es vital para las pymes dada la pérdida en contratos y servicios contratados que supondría para la mayoría una cuarentena obligatoria a sus equipos de trabajo o el cierre del negocio cuando aparece un positivo.
Para cumplir los requesitos sanitarios, las empresas están adoptando medidas de prevención (reorganización de puestos de trabajo, turnos, pruebas PCR); de protección (instalación de mamparas, distancias y barreas de seguridad, entrega de EPIs) y de higienización (limpieza intensiva y periódica de los puestos de trabajo y espacios comunes e instalación de dispensadores de gel hidroalcohólico, entre otras).
Cepyme señala además que muchas empresas están adoptando modelos mixtos tras la vuelta de las vacaciones, con parte de la jornada presencial y otra parte a distancia, también con turnos alternos, con coordinación de desplazamientos o, por ejemplo, con el establecimiento de horarios especiales de entrada y salida, a fin de evitar una coincidencia masiva de trabajadores en los espacios laborales y minimizar así el riesgo de contagio.
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