El Ministerio aborda esta situación como una "prioridad" y procura su erradicación desde la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, por lo que estudiará en detalle el contenido de este informe y trabajará "en el marco de sus competencias" reforzando las campañas para perseguir las conductoras que lesionen los derechos de las jornaleras.
La Inspección de Trabajo y Seguridad en Huelva realiza su labor con un enfoque transversal para garantizar la inserción e integración de las personas migrantes en el ámbito laboral en condiciones de seguridad e igualdad.
La actuación en esta provincia andaluza es especialmente relevante, pues supone un 17% del total de las actuaciones en 2020 y un 28% en el primer trimestre de 2021, cuando se concentra gran parte de la campaña de la fresa de Huelva.
El informe denuncia la explotación y la agravación de la situación para las mujeres que trabajan especialmente en la recogida del fruto rojo, entre otras cuestiones: malas condiciones, discriminación, comportamientos denigrantes y abusos.
Denuncian, además, incumplimientos en materia de retribuciones, jornada, régimen disciplinario, prevención o condiciones de los alojamientos.
"La discriminación por razón de género es evidente al ser un sector feminizado y precarizado en donde se producen situaciones flagrantes de vulneración de derechos, tanto laborales, de asistencia y prestación sanitaria, de dignidad personal e integridad física y moral, de servicios mínimos y habitabilidad", señala el informe.
El Ministerio de Trabajo ya ha realizado cambios normativos para que la Inspección pueda tener más protagonismo en las situaciones de pobreza y exclusión denunciada en numerosas ocasiones, incluyendo el relator de la ONU, Philip Alston, en el campo de Huelva. En esta línea modificó la regulación para que los inspectores tuvieran acceso a las condiciones habitacionales que deriven del contrato de trabajo, o cedidas por las empresas.
Al encuentro han asistido integrantes de la Brigada de Observación a los Campos de Huelva como la abogada Teresa Ramos y Marta Malo, del colectivo La Laboratoria. Espacios de Investigación Feminista; Pastora Filigrana, abogada de Abogadas Sociedad Cooperativa y Ana Pinto, activista de Asociación Jornaleras Huelva en Lucha, así como el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, y la jefa de Gabinete Jurídico, María Amparo Ballester.
