El órgano que preside María José de la Fuente incluye estas sugerencias a Función Publica en su informe de fiscalización operativa de la igualdad entre mujeres y hombres en el desarrollo de la carrera profesional del personal del Ministerio de Asuntos Exteriores, entre los ejercicios de 2017 y 2019.
Además de hacer recomendaciones específicas a Exteriores, el fiscalizador incluye otras específicas para el departamento que desde la remodelación del Gobierno está en manos del Ministerio de Hacienda, que dirige María Jesús Montero.
Por ejemplo, invita a valorar la incorporación en los planes de captación del talento de la Administración General del Estado de estrategias "singularizadas" para fomentar la participación de mujeres en los procesos selectivos de los cuerpos funcionariales en los que se han encontrado históricamente infrarrepresentadas.
Transparencia salarial
Además, para poder realizar un "seguimiento efectivo" de la situación de la mujer en la Administración central, el tribunal recomienda que publique regularmente información estadística con datos desagregados relativos a los diferentes entes "por niveles de complemento de destino y grupos profesionales".
En su informe, recogido por Europa Press, el fiscalizador también apuesta por la publicación periódica de información sobre la brecha salarial en la Administración, así como por la adopción de medidas que refuercen la transparencia salarial.
En este contexto, plantea que sería "aconsejable" que Función Pública dictara instrucciones concretas sobre el contenido mínimo que han tener los informes la igualdad de género que deben realizar los distintos ministerios en cumplimiento a la Ley de Igualdad. Asimismo, le pide que establezca también un calendario de remisión y publicación de los mismos.
Por último, el tribunal apunta que el Boletín Estadístico de Personal al Servicio de las Administraciones Públicas (BEPSAP) dejó de publicar a partir de julio de 2019 varias tablas que proporcionaban información desagregada sobre la situación de las mujeres como empleadas públicas.
"Aunque esos datos forman parte de otro fichero de microdatos, su obtención ha dejado de ser inmediata y directa, lo que dificulta el seguimiento de la situación de las mujeres en los diferentes ministerios, niveles y grupos funcionariales y dejan de ser indicadores publicados de situaciones de desequilibrio", alerta el fiscalizador.
