En este caso, sobre el uso del denominado 'pasaporte covid', la aplicación de los niveles de alerta en la comunidad autónoma y las restricciones contempladas.
En concreto, los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal aragonés plantearon la revisión de tres artículos de la Ley 3/2020 por la que se establece el régimen jurídico de alerta sanitaria para el control de la pandemia de COVID-19 en Aragón; es en dichos preceptos donde se recoge la modulación de los niveles de alerta.
Asimismo, pidieron que se estudiara uno de los apartados del Decreto-ley 4/2021 sobre el establecimiento del nivel de alerta sanitaria 2 en la comunidad, en el que se contempla imponer a determinados negocios la obligación de "recabar información para la trazabilidad de contagios y contactos".
Según ha informado el Constitucional, el magistrado Enrique Arnaldo será el encargo de redactar la ponencia que se deliberará en el Pleno fijado para este martes.
Será la cuarta vez que el órgano de garantías se pronuncie sobre las medidas adoptadas en el contexto de la pandemia de coronavirus, que hasta ahora no han sido favorables para Moncloa. Hace unos días anuló la reforma legal del Ejecutivo que dejó en manos de los TSJ el aval judicial a las restricciones sanitarias acordadas por las comunidades autónomas al considerar que supuso una vulneración de la separación de poderes.
En julio de 2021, en respuesta a un recurso presentado --que estimó parcialmente--, el Pleno declaró inconstitucional el confinamiento, es decir, la limitación de la circulación de personas y vehículos en espacios y vías públicas, así como la capacidad del Ministerio de Sanidad para modificar y ampliar las medidas de contención en la actividad comercial.
Los magistrados también tuvieron que analizar el real decreto por el que se declaró el segundo estado de alarma debido a otro recurso. Y, de la misma forma, el pasado octubre lo declararon inconstitucional al entender que durante la pandemia quedó "cancelado" el "régimen de control" que corresponde al Congreso de los Diputados en esas circunstancias excepcionales.
Ley Tributaria
Entre los asuntos para deliberar esta semana, consta también una cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Supremo sobre el artículo 203.6.b 1º de la Ley General Tributaria, relativo a las sanciones en caso de infracciones cuando el incumplimiento lo realicen personas o entidades que desarrollen actividades económicas.
Al respecto, el Supremo pregunta si es posible que en este caso exista una vulneración del artículo 25.1 de la Constitución, que establece que nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito o infracción según la legislación vigente.
Asimismo, los magistrados del Constitucional deliberarán sobre otras dos cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por juzgados de Alicante y de Madrid; uno relativo a la Ley de la Generalitat Valenciana de prevención, calidad y control ambiental; y otro por la Ley de Protección de los Consumidores de la Comunidad de Madrid. La magistrada María Luisa Balaguer y el magistrado Antonio Narváez estarán a cargo de las ponencias.
