La última reunión de la mesa de diálogo social de pensiones tuvo lugar el pasado 1 de diciembre. El Departamento que dirige José Luis Escrivá defendió en aquel encuentro su propuesta de ampliar los años de cotización que se utilizan para calcular la pensión.
El Ministerio detalló a los agentes sociales algunas cifras del impacto que tendría su propuesta. De acuerdo con sus cálculos, extender el periodo de cómputo de la pensión a 30 años, eliminando los dos peores, "protege mejor las pensiones de los nuevos entrantes en el mercado de trabajo ante carreras laborales menos lineales", lo que cada vez se da con mayor frecuencia.
La propuesta que el Ministerio de Escrivá trasladó inicialmente a CCOO, UGT, CEOE y Cepyme como punto de partida para la negociación contempla la ampliación progresiva del periodo de cálculo de la pensión en un plazo de 12 años, a razón de cinco meses por año, pudiendo escoger el trabajador los tres meses más favorables a su cotización y descartar dos. Al final de esos 12 años, el periodo de cálculo sería ya de 30 años.
Así, por ejemplo, en 2027, año en el que supuestamente arrancaría este proceso progresivo de extensión del periodo de cálculo, éste alcanzaría los 25 años y cinco meses; en 2030 sería de 26 años y ocho meses, y en 2038 alcanzaría los 30 años, pero con el descarte de los dos peores años cotizados, con lo que la pensión se calcularía con 28 años de cotización.
De momento, los sindicatos han expresado su rechazo a ampliar el periodo de cálculo alegando que no es una recomendación del Pacto de Toledo, que no hay necesidad de hacer algo así, y que no cuenta con el respaldo político necesario para su implementación. No obstante, UGT se ha mostrado dispuesto a estudiar una ampliación del periodo de cálculo siempre que no suponga una merma de la pensión y que se financieramente sea neutral, como alega el Ministerio.
Bases máximas de cotización y pensión máxima
Asimismo, en el documento que se presentó a los agentes sociales hace unos días, el Gobierno plantea la posibilidad de vincular la evolución de las bases máximas de cotización al criterio de revalorización de las pensiones, es decir, al IPC interanual medio de los doce meses anteriores a diciembre, más un incremento adicional anual de 1,154 puntos entre 2025 y 2050.
Así, entre 2025 y 2050, se propone que sean las leyes de Presupuestos de cada año las que fijen la subida de las bases máximas teniendo en cuenta los parámetros anteriores (el IPC y el alza adicional de 1,154 puntos). En caso de que la inflación promedio que se toma como referencia para subir las pensiones sea negativa, se aplicará únicamente el incremento adicional de 1,154 puntos.
Esta subida de las bases máximas de cotización iría acompañada de un aumento de la pensión máxima, aunque no en la misma proporción. De este modo, el Gobierno propone que la pensión máxima suba también entre 2025 y 2050 con la referencia de inflación establecida para las pensiones contributivas y la pensión mínima (IPC promedio de los doce meses anteriores a diciembre), más un porcentaje adicional de 0,115 puntos, menor por tanto al planteado para las bases máximas.
A partir de 2050, el Ministerio propone que, en el marco del diálogo social, se determine el aumento adicional que habrá de aplicarse a la pensión máxima "hasta alcanzar un incremento real acumulado del 30%".
Tal y como se plantea también para las bases máximas, si la referencia de inflación es negativa, la pensión máxima sólo subirá en el aumento adicional establecido (0,115 puntos hasta 2050, según la propuesta del Gobierno).
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones quiere acordar con los agentes sociales antes de fin de año estos dos hitos que quedan para culminar el Componente 30 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Los sindicatos sí se han mostrado conformes con subir las bases máximas de cotización y la pensión máxima, aunque a distinta velocidad.
La CEOE, por su parte, ve difícil que se pueda llegar a un acuerdo con el Gobierno en esta segunda fase de la reforma de pensiones. Su presidente, Antonio Garamendi, se ha mostrado partidario de convocar la Comisión del Pacto de Toledo para ver qué sucede con las pensiones en los próximos 20 años. "Los partidos políticos tienen que decirnos lo que tenemos que hacer", ha apuntado.
Desde el Ministerio de Inclusión, el secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, ha defendido que la propuesta inicial que ha hecho el Gobierno a los agentes sociales de subir el periodo de cálculo de la pensión de 25 a 30 años se trata de un compromiso adquirido con Bruselas en el Plan de Recuperación.
