Para Yolanda Díaz, “este informe dice alto y claro, además, que la salud mental tiene que ver con la desigualdad y nos recuerda que el impacto sobre la salud mental es más del doble entre las personas trabajadoras más precarias y que la peor situación se observa en mujeres, inmigrantes y jóvenes. Sabemos, asimismo, que la prevalencia de enfermedades mentales es dos veces más alta en las sociedades desiguales comparadas con sus homólogas más igualitarias”.

Los fármacos se han convertido en la intervención abrumadoramente predominante en el ámbito de la salud mental, no por su alto grado de seguridad, eficacia y deseabilidad, sino debido a la infrafinanciación crónica de los servicios y un enfoque que desvincula el malestar cotidiano a la precariedad y la falta de expectativas vitales.

Expertas y expertos han destacado la informalidad, la precariedad, las formas descentralizadas de organización productiva, la infravaloración de los cuidados como causas de deterioro de la salud mental pero también han incidido en que, en los contratos estables cuestiones como la desconexión digital o las horas extra u horas de trabajo no previsible impactan negativamente.

Según enfatizó Yolanda Díaz, “sólo en el cuarto trimestre de 2022 se realizaron 2,89 millones de horas extra no remuneradas. Son 45 millones de euros semanales que las personas trabajadoras de nuestro país dejan de percibir. Cuidar nuestra salud mental pasa también por terminar con el fraude de las horas extra”.

Recomendaciones del informe

El informe de las personas expertas hace tres recomendaciones generales: luchar contra la precariedad laboral y sus efectos en la salud mental, mejorar las condiciones de protección, salud y cuidados de las personas trabajadoras y medir, analizar y evaluar la precariedad laboral y los problemas de salud mental y plantea medidas específicas en cada apartado.

Entre estas medidas se encuentran impulsar un nuevo Código del Trabajo para avanzar hacia un empleo digno y sostenible, que respete la conciliación de la vida personal y familiar bajo una perspectiva de corresponsabilidad, el reconocimiento de los cuidados y el impulso del modelo de representación de las personas trabajadoras en las empresas. Además de proponer su implantación o desarrollo la propuesta plantea hacer un seguimiento evaluativo.

Expertas y expertos han abogado también por reforzar el sistema sanitario, ampliando el enfoque desde la salud para todas las políticas, integrando los diferentes componentes de la salud laboral en el Sistema Nacional de Salud.

Para avanzar en el futuro, expertos y expertas recomiendan también profundizar en un sistema de investigación que permita generar y examinar indicadores de precariedad laboral y su impacto sobre la salud mental de las y los trabajadores, una vigilancia que plantean como un “objetivo político prioritario”.

Por tanto, “frente a la precariedad como modelo (y a sus consecuencias en términos de salud mental), soy muy consciente de que nuestro principal reto hoy es ofrecer seguridad y tranquilidad al conjunto de la ciudadanía, y eso pasa por garantizar mejores condiciones de trabajo y evitar que se borre la distinción entre el trabajador y la persona, entre el tiempo de vida y el tiempo de trabajo” ha concluido la vicepresidenta segunda.