¿Cuáles son las circunstancias y requisitos que determinan afectación al derecho al honor, u otro derecho protegible, en los casos de inscripción de una persona en un registro de morosos?

El Tribunal Supremo ha sentado una detallada y pacífica juris...

El Tribunal Supremo ha sentado una detallada y pacífica jurisprudencia en torno a los requisitos que debe reunir la inclusión de datos personales en registros de morosos para que esta sea lícita, requisitos que son los siguientes:

PRIMERO. "Principio de calidad de los datos".

No cabe incluir en los registros de morosos datos personales por razón de deudas inciertas, dudosas, no pacíficas o sometidas a litigio -cfr. STS número 174/2018, de 23 marzo -EDJ 2018/26547--.

Para que concurra esta circunstancia en la deuda, que excluya la justificación de la inclusión de los datos personales en el registro de morosos, basta con que aparezca un principio de prueba documental que contradiga la existencia o certeza de dicha deuda.

Sin embargo, dicha doctrina debe ser matizada en el sentido de que "lo anterior no significa que cualquier oposición al pago de una deuda, por injustificada que resulte, suponga que la deuda es incierta o dudosa, porque en tal caso la certeza y exigibilidad de la deuda se dejaría al exclusivo arbitrio del deudor, al que le bastaría con cuestionar su procedencia, cualquiera que fuera el fundamento de su oposición, para convertir la deuda en incierta" -cfr. STS número 245/2019, de 25 marzo -EDJ 2019/563387--.

SEGUNDO. Requerimiento de pago previo a la inclusión de datos en el registro de morosos, del que exista constancia razonable de que ha sido recibido por el deudor.

Dicho requisito aparece exigido en el art.38.1.c RD 1720/2007, de 21 diciembre -EDL 2007/241465-, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la LO 15/1999, de 13 diciembre -EDL 1999/63731-, de protección de datos de carácter personal.

El requerimiento de pago previo es acorde con la finalidad del fichero automatizado sobre incumplimiento de obligaciones dinerarias, que no es un simple registro de deudas, sino de datos de personas que incumplen sus obligaciones de pago porque no pueden afrontar las o porque no quieren hacerlo de modo injustificado -cfr. STS 14 septiembre 2022 -EDJ 2022/680997--.

La práctica de dicho requerimiento previo impide que sean incluidas en estos registros personas que, por un simple descuido, por un error bancario al que son ajenos, o por cualquier otra circunstancia de similar naturaleza, han dejado de hacer frente a una obligación dineraria vencida y exigible sin que ese dato sea pertinente para enjuiciar su solvencia.

El requerimiento previo de pago, al ser un acto de comunicación de carácter recepticio, exige una constancia razonable de la recepción de la comunicación por el destinatario.

En cuanto a los medios de prueba de tal recepción, son admisibles todos los que permitan esa constatación.

TERCERO. No es precisa la concordancia entre la cantidad por la que se practicó el requerimiento previo de pago y la que figura en el fichero de solvencia patrimonial.

La STS número 604/22, de 14 septiembre 2022 -EDJ 2022/680997-, con cita de la número 671/2021, de 5 octubre -EDJ 2021/710035-, declara que lo verdaderamente relevante para que pueda considerarse infringido el derecho al honor del demandante no es tanto la corrección de la concreta cantidad en que el banco cifró la deuda, sino que se hubiera comunicado al registro sus datos personales asociados a datos económicos de los que resultara su condición de morosos, sin serlo realmente, también teniendo en cuenta que en muchos casos la deuda tiende a incrementarse con el tiempo -interés moratorio-.

Los registros de morosos, pese a su innegable virtud en el ám...

Los registros de morosos, pese a su innegable virtud en el ámbito de la información crediticia y de solvencia, ha sido objeto de cierto uso inadecuado por determinadas empresas, llegando incluso a ser empleada la inclusión en los ficheros como medio de presión para el pago de una deuda.

La inclusión de datos personales sobre incumplimiento de obligaciones dinerarias, financieras o de crédito exige, a decir del art.20 LO 3/2018, de 5 diciembre -LOPD -EDL 2018/128249-, la concurrencia de unos requisitos entre los que se encuentran los siguientes:

Que las deudas sean ciertas, vencidas y exigibles.

Que el acreedor haya informado al afectado acerca de la posibilidad de su inclusión.

La inclusión durará lo necesario con un máximo de cinco años desde el vencimiento de la obligación.

La ausencia de cualquiera de los requisitos legales conlleva que la inclusión en el fichero sea indebida, con las consecuencias que se luego se dirán.

El requisito que más casuismo viene generando es el de que &ldquo&helliplos datos se refieran a deudas ciertas, vencidas y exigibles, cuya existencia o cuantía no hubiese sido objeto de reclamación administrativa o judicial por el deudor o mediante un procedimiento alternativo de resolución de disputas vinculante entre las partes&rdquo, en concreto el de la certeza de la deuda. La deuda ha de ser &ldquocierta&rdquo, no discutida, porque el registro es para incluir a personas &ldquomorosas&rdquo que voluntariamente deciden no pagar una deuda, no para incluir a personas que discrepan de una reclamación que le hace la empresa -máxime si existe proceso judicial o administrativo al respecto-, pero, lamentablemente, en ciertas ocasiones, se esgrime la inclusión en el fichero como presión para el pago.

El apartado 2, II del citado art.20 LOPD -EDL 2018/128249 hace recaer en el acreedor el deber de garantizar que concurren los requisitos exigidos para la inclusión en el sistema de la deuda, por lo que, en caso contrario, deberá responder de la inexistencia o inexactitud de dichos requisitos.

Esto último enlaza con la pregunta de cuándo puede una persona física o jurídica -son titulares del derecho al honor, en la vertiente de buen nombre comercial de la empresa o de prestigio de la misma reclamar daños y perjuicios porque se le haya incluido en uno de estos ficheros. La STS 245/2019, de 25 abril -EDJ 2019/563387 declaró que la atribución a una persona de la condición de "morosa" y la comunicación de esta circunstancia a terceras personas, afecta al honor de la persona a la que se realiza la imputación, porque existe una valoración social negativa de las personas incluidas en estos registros y porque la imputación de ser "moroso" lesiona la dignidad de la persona, menoscaba su fama y atenta a su propia estimación.

En este sentido, el art.9.3 LO 1/1982, de 5 mayo -EDL 1982/9072-, establece que siempre que se acredite una intromisión ilegítima, existirá un perjuicio, de tal forma que la indemnización se extenderá al daño moral, que se valorara atendiendo a las circunstancias del caso, y a la gravedad de la lesión efectivamente producida

La inclusión de los datos de una persona -física y/o jurídica en un registro de morosos sin cumplirse los requisitos establecidos por la LOPD es susceptible de ser indemnizada por la afectación a la dignidad en su aspecto interno o subjetivo y en el externo u objetivo relativo a la consideración de las demás personas. En concreto, para valorar este segundo aspecto hay que valorar la difusión o audiencia del medio a través del que se haya producido-. Así, declaró la STS 81/2015, de 18 febrero -EDJ 2015/16314 que ha de tomarse en consideración la divulgación que ha tenido tal dato, pues no es lo mismo que sólo hayan tenido conocimiento los empleados de la empresa acreedora y los de las empresas responsables de los registros de morosos que manejan los correspondientes ficheros, a que el dato haya sido comunicado a un número mayor o menor de asociados al sistema que hayan consultado los registros de morosos.

Hemos de definir lo que se han venido en llamar los &ldquoregistros...

Hemos de definir lo que se han venido en llamar los &ldquoregistros de morosos&rdquo. Son ficheros automatizados, informáticos, de datos de carácter personal sobre incumplimiento de obligaciones dinerarias, destinados a informar a los operadores económicos -no solo a bancos, también a otro tipo de empresas que conceden crédito a sus clientes o cuyas prestaciones son objeto de pagos periódicos sobre qué clientes, efectivos o potenciales, han incumplido obligaciones dinerarias anteriormente, cuando tales datos son determinantes para enjuiciar la solvencia económica de los interesados y, por tanto, no merecen confianza para la concesión de crédito o el suministro de bienes o servicios que han de pagarse periódicamente.

El marco regulatorio al que se encuentran sometidos viene determinado por: i Rgto. -UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 abril 2016 -EDL 2016/48900 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos ii el art.20 LO 3/2018, 5 diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales -LOPDP -EDL 2018/128249 y iii los art.37 a 44 del Reglamento aprobado por RD 1720/2007, de 21 diciembre -EDL 2007/241465-, en cuanto no se oponen a las normas anteriores.

En el caso de inclusión indebida en un registro de morosos la jurisprudencia -STS 24 abril 2009 -EDJ 2009/55205- considera que el derecho fundamental lesionado es el derecho al honor porque existe una valoración social negativa de las personas incluidas en estos registros y porque la imputación de ser &ldquomoroso&rdquo lesiona la dignidad de la persona, menoscaba su fama y atenta a su propia estimación. Afirma esta sentencia que para que tal vulneración se produzca es intrascendente el que el registro haya sido o no consultado por terceras personas, puesto que la jurisprudencia ha distinguido en el derecho al honor un doble aspecto, el aspecto interno de íntima convicción -inmanencia y el aspecto externo de valoración social -trascendencia-.

En cuanto al ámbito subjetivo de los sujetos que pueden invocar la protección se excluye a las personas jurídicas y, en cuanto a las personas físicas se incluyen también los empresarios individuales, incluidos los comerciantes y profesionales.

La legitimidad o ilegitimidad de la vulneración en el derecho al honor del afectado por la inclusión de sus datos en un registro de morosos viene determinada por su ajuste a la regulación normativa de la protección de datos de carácter personal. En particular, el art.20.1 LOPDP -EDL 1999/63731 presume lícito el tratamiento de datos personales relativos al incumplimiento de obligaciones dinerarias, financieras o de crédito por sistemas comunes de información crediticia cuando se cumplan los siguientes requisitos:

a Que los datos hayan sido facilitados por el acreedor o por quien actúe por su cuenta o interés.

b Que los datos se refieran a deudas ciertas, vencidas y exigibles, cuya existencia o cuantía no hubiese sido objeto de reclamación administrativa o judicial por el deudor o mediante un procedimiento alternativo de resolución de disputas vinculante entre las partes.

c Que el acreedor haya informado al afectado en el contrato o en el momento de requerir el pago acerca de la posibilidad de inclusión en dichos sistemas, con indicación de aquéllos en los que participe. La entidad que mantenga el sistema de información crediticia con datos relativos al incumplimiento de obligaciones dinerarias, financieras o de crédito deberá notificar al afectado la inclusión de tales datos y le informará sobre la posibilidad de ejercitar los derechos establecidos en los art.15 a 22 Rgto. -UE 2016/679 -EDL 2016/48900 dentro de los treinta días siguientes a la notificación de la deuda al sistema, permaneciendo bloqueados los datos durante ese plazo.

d Que los datos únicamente se mantengan en el sistema mientras persista el incumplimiento, con el límite máximo de cinco años desde la fecha de vencimiento de la obligación dineraria, financiera o de crédito.

e Que los datos referidos a un deudor determinado solamente puedan ser consultados cuando quien consulte el sistema mantuviese una relación contractual con el afectado que implique el abono de una cuantía pecuniaria o este le hubiera solicitado la celebración de un contrato que suponga financiación, pago aplazado o facturación periódica, como sucede, entre otros supuestos, en los previstos en la legislación de contratos de crédito al consumo y de contratos de crédito inmobiliario. Cuando se hubiera ejercitado ante el sistema el derecho a la limitación del tratamiento de los datos impugnando su exactitud conforme a lo previsto en el art.18.1.a Rgto. -UE 2016/679 -EDL 2006/64594-, el sistema informará a quienes pudieran consultarlo con arreglo al párrafo anterior acerca de la mera existencia de dicha circunstancia, sin facilitar los datos concretos respecto de los que se hubiera ejercitado el derecho, en tanto se resuelve sobre la solicitud del afectado.

f Que, en el caso de que se denegase la solicitud de celebración del contrato, o éste no llegara a celebrarse, como consecuencia de la consulta efectuada, quien haya consultado el sistema informe al afectado del resultado de dicha consulta.

Es de aplicación el llamado &ldquoprincipio de calidad de los datos&rdquo que significa que los datos deber ser exactos, adecuados, pertinentes y proporcionados a los fines para los que han sido recogidos y tratados. Si los datos de carácter personal registrados resultaran ser inexactos o incompletos, serán cancelados y sustituidos de oficio por los correspondientes datos rectificados o completados, sin perjuicio de que los afectados puedan ejercitar sus derechos de rectificación o cancelación. También serán cancelados cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para la finalidad para la cual hubieran sido recabados o registrados. En cuanto a obligaciones dinerarias se refiere, la deuda debe ser además de vencida y exigible, cierta, es decir, inequívoca, indudable, siendo necesario además el previo requerimiento de pago por tanto, no cabe inclusión de deudas inciertas, dudosas, no pacíficas o sometidas a litigio, bastando para ello que aparezca un principio de prueba documental que contradiga su existencia o certeza.

Como casos especiales de intromisión ilegítima del derecho al honor examinados por la jurisprudencia podemos señalar:

1 La inclusión de los datos personales de un cliente en uno de estos registros de morosos como método de presión para que pague una deuda que el cliente considera inexistente o excesiva.

2 En un caso concreto, una caja de ahorros incluyó en un registro de morosos a un cliente con el que mantenía una disputa sobre quién debía correr con los cargos hechos con una tarjeta que había sido enviada a una dirección en la que ya no vivía el cliente, y se consideró determinante la infracción de los principios de prudencia y proporcionalidad, puesto que, a la vista de la situación de conflicto existente, los datos no eran determinantes para enjuiciar la solvencia económica.

3 También concluyó que no se respetaron los principios de prudencia y proporcionalidad al incluir en un registro de morosos los datos del cliente que había abonado puntualmente las cuotas del servicio pero que mostró su discrepancia con la liquidación unilateral que la empresa había hecho de la cláusula penal para el caso de desistimiento unilateral, que estaba redactada en términos muy imprecisos.

4 Que la deuda sea de pequeña cuantía no supone que la inclusión de los datos en un registro de morosos vulnere la exigencia de proporcionalidad y adecuación a la finalidad del tratamiento de datos porque la información facilitada tiene por objeto evitar el sobreendeudamiento de los consumidores.

Por el contrario, no ha considerado ilícita:

1 El cuestionamiento abusivo de la deuda por parte del cliente o la simple controversia basada en motivos procesales, no convierte en ilícita inclusión de los datos del deudor en un registro de morosos.

2 Asimismo, ha declarado que estos registros de morosos no son registros de sentencias firmes no es imprescindible una condena judicial firme para incluir los datos en un registro de morosos.

3 También ha de tomarse en cuenta la posible falta de diligencia del afectado a la hora de desmentir la apariencia razonable de morosidad que resultaba de los hechos conocidos por el acreedor. La apariencia de veracidad de los datos que pudo hacer confiar al acreedor en la realidad de la deuda excluye la antijuridicidad de su conducta, sin perjuicio de que el afectado tuviera derecho a la rectificación y cancelación de sus datos.

En cuanto a los sujetos responsables, hemos de partir de que estos registros funcionan habitualmente mediante un sistema de &ldquodoble fichero&rdquo. El &ldquoprimer fichero&rdquo -en realidad, los &ldquoprimeros ficheros&rdquo, uno por cada empresa asociada es el de las &ldquoempresas asociadas&rdquo, las empresas acreedoras. Se nutre de los datos personales obtenidos en las relaciones económicas que mantiene cada una de estas empresas asociadas con sus clientes, y comunica los datos sobre incumplimientos de obligaciones dinerarias de sus clientes a la empresa que presta servicios de información sobre solvencia patrimonial, para que lo incluya en el &ldquofichero común&rdquo, que es el segundo fichero del sistema, el registro de morosos propiamente dicho, que consolida los datos facilitados por todas las empresas asociadas sobre los incumplimientos de sus clientes.

La jurisprudencia viene manteniendo la responsabilidad de los responsables del tratamiento de los dos ficheros, en especial, del fichero común o segundo fichero. Este no es un mero &ldquoencargado del tratamiento&rdquo de datos que actúa por cuenta y bajo las órdenes de un responsable del fichero sin autonomía en la toma de decisiones. Por el contrario, es responsable del fichero común y del tratamiento de los datos en él incluidos, y como tal, debe dar respuesta fundada al legítimo ejercicio del derecho de cancelación por parte del interesado cuyos datos se habían incluido indebidamente en el fichero de su responsabilidad.

Además de peticiones dirigidas a que se declare vulnerado el derecho al honor y a la rectificación o cancelación de los datos obrantes en el registro de morosos, suele exigirse indemnización de daños y perjuicios a los responsables del tratamiento de datos personales -el acreedor que comunicó los datos y/o el titular del registro de morosos-. El art.9.3 LO 1/1982, de 5 mayo -EDL 1982/9072-, sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, prevé que «la existencia de perjuicio se presumirá siempre que se acredite la intromisión ilegítima. Este precepto establece una presunción «iuris et de iure» de existencia de perjuicio indemnizable cuando se haya producido una intromisión ilegítima en el derecho al honor, como es el caso del tratamiento de datos personales en un registro de morosos sin cumplir las exigencias normativas.

De un lado, la indemnización comprende el daño moral. Son elementos a tomar en consideración para fijar la indemnización, el tiempo que los demandantes han permanecido incluidos como morosos en el fichero, la difusión que han tenido estos datos mediante su comunicación a quienes lo han consultado, y el quebranto y la angustia producida por el proceso más o menos complicado que haya tenido que seguir el afectado para la rectificación o cancelación de los datos incorrectamente tratados Se trata por tanto de una valoración estimativa, que ha de atender a los parámetros previstos en el art.9.3 LO 1/82 -EDL 1982/9072-, de acuerdo con la incidencia que en cada caso tengan las circunstancias relevantes para la aplicación de tales parámetros, utilizando criterios de prudente arbitrio.

De otro lado, también incluye el daño patrimonial. La inclusión de los datos personales de un ciudadano en un registro de morosos puede dar lugar a diversos tipos de daños patrimoniales. Este perjuicio indemnizable ha de incluir tanto los daños patrimoniales concretos, fácilmente verificables y cuantificables -por ejemplo, el derivado de que el afectado hubiera tenido que pagar un mayor interés por conseguir financiación al estar incluidos sus datos personales en uno de estos registros-, como los daños patrimoniales más difusos pero también reales e indemnizables, como son los derivados de la imposibilidad o dificultad para obtener crédito o contratar servicios -puesto que este tipo de registros está destinado justamente a advertir a los operadores económicos de los incumplimientos de obligaciones dinerarias de las personas cuyos datos han sido incluidos en ellos y también los daños derivados del desprestigio y deterioro de la imagen de solvencia personal y profesional causados por dicha inclusión en el registro, cuya cuantificación ha de ser necesariamente estimativa.