En la primera sesión de trabajo los ministros han abordado la accesibilidad a la Justicia, especialmente por parte de las personas con discapacidad, con el objetivo de garantizar la eliminación de las barreras que les impiden participar en la administración de Justicia en igualdad de condiciones.
En esta línea han planteado también la necesidad de transformar el lenguaje jurídico para dotarlo de más claridad, hacerlo más comprensible a los ciudadanos y adaptarlo a la diversidad de las sociedades europeas.
Por su parte, Llop se ha referido a la accesibilidad en relación a la digitalización: "La Justicia europea tiene que poner a las personas en el centro y para ello ha de asegurar que las nuevas tecnologías no son un factor de exclusión sino un motor de acercamiento".
Durante la segunda sesión han trabajado sobre la mejora de la atención a las víctimas del delito, especialmente en delitos como la explotación de menores, la violencia contra las mujeres o el terrorismo.
"El espacio de libertad, seguridad y Justicia estaría incompleto si, aunque se persiguiera y castigara el delito, no se protegiera adecuadamente a las víctimas y no se les facilitaran los medios para restablecer sus derechos", ha explicado la ministra a sus homólogos europeos.
Lucha contra el crimen organizado
La última sesión ha tratado sobre la elaboración de una estrategia común en la lucha contra el crimen organizado, centrados en la necesidad de agotar sus vías de financiación. Para ello han propuesto una política común en el decomiso de criptoactivos, una fuente de financiación creciente entre las bandas delictivas que operan en Europa.
Del mismo modo, han destacado la importancia de aumentar la cooperación entre los agentes implicados en la lucha contra el crimen organizado, especialmente con las entidades privadas, cuya perspectiva puede aportar un valor añadido, ya que hay ciertos sectores especialmente utilizados por el crimen organizado para la ejecución de su actividad.
