A su juicio, el Gobierno debe comenzar "con urgencia los trabajos preparatorios de la transposición de la Directiva, abriendo un diálogo estrecho con todos los grupos de interés de esta nueva normativa, como son el sector social de la discapacidad, las comunidades autónomas y las corporaciones locales, a fin de consensuar un borrador de disposición nacional".
Considera que la transposición al Derecho español de la Directiva puede realizarse a través de norma reglamentaria (real decreto), sin que sea necesario rango legal, por lo que "el proceso de aprobación puede ser más sencillo y acelerado, al no tener que intervenir las Cortes Generales".
Finalmente, el CERMI pide al Gobierno que "se fije como horizonte que España sea el primer país de la Unión que haga suya la Directiva y la traslade a su Derecho nacional, continuando así la senda de país, ya que fue uno de los más activos en la promoción y final adopción de esta normativa".
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