Durante la jornada, se analizaron los principales cambios que la reforma introduce en los procedimientos penales, abordando modificaciones en la instrucción, juicio oral o ejecución de sentencias.
Julián García, magistrado de la Sección 3 de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, destacó que los principales cambios en el procedimiento penal afectan, sobre todo, a la fase intermedia, con la introducción de una audiencia preliminar. “Esta nueva fase permitirá depurar el proceso, preparar el juicio oral y alcanzar eventuales acuerdos de conformidad sin llegar a juicio y sin citar a todos los testigos”.
En cuanto a la instrucción, resaltó que la redistribución de competencias asignará a los tribunales de instancia con competencia en violencia sobre la mujer los delitos contra la libertad sexual y creará secciones especializadas en violencia contra la infancia y la adolescencia, lo que agilizará los procedimientos. Se incluirá un nuevo régimen para las denuncias telemáticas y se fomentará la justicia restaurativa en el proceso penal.
Por su parte, María Saló, abogada de Martell Abogados, manifestó que la reforma busca acelerar el procedimiento penal, evitando la celebración de juicios orales innecesarios en aquellos casos en los que sea posible alcanzar un acuerdo entre acusación y defensa. “La nueva regulación elimina la limitación penológica de seis años en el procedimiento sumario y refuerza la protección de la víctima del delito”.
Además, la audiencia preliminar resolverá cuestiones procesales clave, como la prescripción o la competencia jurisdiccional, evitando suspensiones innecesarias. Asimismo, argumentó que en la audiencia preliminar se fijará la fecha de inicio de las sesiones, brindando a las partes la oportunidad de plantear posibles causas de suspensión en ese momento. “Si se dota a la audiencia preliminar de la eficacia que prevé la ley, permitirá una mejor organización del juicio oral y una mayor eficacia de la Administración de justicia”, afirma.
También para Carmen Ramos, letrada de la Administración de Justicia y coordinadora provincial de Valencia, esta ley contribuirá a acortar los tiempos en los procedimientos. “Todos los operadores jurídicos debemos involucrarnos para garantizar el éxito que se busca. Ayudará a reducir la judicialización de ciertos casos y fomentar soluciones extrajudiciales “, afirmó.
Asimismo, subrayó un avance significativo en la Ley de Enjuiciamiento Criminal: la regulación de la ejecución de sanciones económicas impuestas en el ámbito penal. “Antes, solo contábamos con una remisión a la Ley de Enjuiciamiento Civil en lo referente a las responsabilidades pecuniarias”. Ahora, con un procedimiento definido, se podrá garantizar “una tramitación más rápida y eficiente”, explicó.
El ciclo formativo, al que se han inscrito más de 13.000 personas, finalizará hoy 26 de marzo con una sesión dedicada a las modificaciones en lo laboral y lo contencioso-administrativo. Las sesiones presenciales se celebran en el Salón de Actos de la Abogacía Española y se retransmiten también por streaming.
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