La calidad del dato desde su origen es un elemento esencial para la seguridad jurídica preventiva y para la lucha contra el fraude, el blanqueo de capitales y la corrupción. Este ha sido el hilo conductor de la primera jornada del Curso de Verano de Fundación Notariado, en la que juristas, fiscales y notarios han coincidido en que solo la información previamente verificada puede ofrecer las garantías necesarias para proteger los derechos de los ciudadanos, facilitar la actuación de las autoridades y generar confianza en un entorno cada vez más digital.
El director general de Fundación Notariado y director del Curso de Verano 2026, Raimundo Fortuñy, ha inaugurado la jornada, acompañado del subdirector académico de los Cursos de Veranos de la UPV/EHU, Juan de Gracia Igelmo. Fortuñy ha expresado su deseo de que “estas jornadas sirvan de reflexión y permitan entender que una sociedad democrática avanzada no solo necesita que la información circule de forma rápida, sino, por encima de todo, certidumbre y veracidad. Tanto el documento privado como el público generan datos; el notario genera confianza y, por tanto, el instrumento público aporta información veraz, íntegra y auténtica”.
Garantía de los datos
Igone Aretxaga González, secretaria de la Junta Directiva del Ilustre Colegio Notarial del País Vasco, ha sido la encargada de presentar las distintas ponencias y de introducir a los expertos participantes a lo largo de la jornada. La conferencia inaugural, "El notario como fuente auténtica", ha sido a cargo de José Carmelo Llopis Benlloch, decano del Ilustre Colegio Notarial de Valencia. Durante su intervención, Llopis ha defendido que el documento público no constituye únicamente el soporte de un negocio jurídico, sino la garantía de que los datos que incorpora han sido previamente sometidos al control de legalidad del notario. Ha sostenido que, en un entorno cada vez más digital, "el verdadero valor no está solo en intercambiar datos, sino en poder confiar en ellos".
En este sentido, ha advertido que cuanto más circulan los datos y mayor es la interoperabilidad entre sistemas, más necesario resulta que la información tenga un origen fiable. "La digitalización no consiste en sustituir controles, sino en trasladarlos al nuevo entorno tecnológico para que ciudadanos, empresas y administraciones puedan seguir confiando en la información con la misma seguridad jurídica", ha afirmado. A su juicio, esa es la aportación esencial del documento público, que convierte los datos en información jurídicamente fiable y sitúa al notariado como una auténtica fuente de confianza.
La segunda conferencia, "El dato en la prevención del blanqueo de capitales. La eficacia del OCP del Notariado", ha estado a cargo de Pedro Galindo Gil, director del Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales del Notariado.
176 millones de documentos notariales
Galindo ha explicado que el Índice Único Informatizado Notarial (IUIN), que reúne información procedente de más de 176 millones de documentos notariales, se ha convertido en "la ventana a través de la cual administraciones públicas, jueces, fiscales y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado miran al mundo notarial". Para el director del OCP, "el Índice no es una simple relación de datos: es dato auténtico, equiparable al valor del documento público del que procede. Ese es el verdadero valor añadido que permite el tratamiento masivo de información. Si el dato es auténtico, podemos empezar a construir sobre él servicios de enorme utilidad para las administraciones públicas". Como ejemplo del valor de esta información, ha señalado que en los últimos cuatro años por las notarías españolas han pasado 2.650.001 millones de sociedades de responsabilidad limitada, frente a los 1.309.831 millones de sociedades que presentaron cuentas en el Registro Mercantil el pasado año.
Para profundizar en la relevancia del IUIN, la mesa redonda "Dato y prevención del blanqueo", moderada por Mariano García Fresno, jefe de la Unidad de Análisis y Comunicación de OCP del Notariado, ha reunido al notario de Taormina, Giovanni Liotta, y al fiscal anticorrupción, Tomás Herranz Saurí.
Desde una perspectiva europea, Giovanni Liotta ha compartido la experiencia del notariado italiano en la prevención del blanqueo de capitales y ha destacado la solidez del modelo español. "En Italia disponemos de un sistema similar al Índice Único Informatizado Notarial y hemos estudiado el modelo de España de prevención del blanqueo. Estamos ultimando una norma que permitirá replicar el modelo del Órgano Centralizado de Prevención del blanqueo del Notariado español porque, tras analizar los distintos sistemas europeos, consideramos que es el más avanzado", ha afirmado.
Por su parte, Tomás Herranz ha destacado la eficacia de la colaboración entre el Notariado, la Fiscalía, las fuerzas y cuerpos de seguridad y otras instituciones implicadas en la lucha contra la delincuencia económica. "Los datos del Notariado nos permiten obtener muchísima información sobre personas físicas o jurídicas que son objeto de investigación. Esa información la obtenemos en apenas tres minutos, que es lo que tarda el OCP en responder a nuestra petición", ha señalado.
La jornada ha concluido con la conferencia "Legislar en consideración al dato. El Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública", impartida por Lorenzo Prats Albentosa, catedrático de Derecho Civil de CUNEF Universidad y vocal permanente de la Comisión General de Codificación del Ministerio de Justicia.
Prats ha analizado el Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública y ha advertido que la sustitución de la escritura pública por el documento privado en determinadas transmisiones de participaciones sociales podría debilitar un sistema de prevención del fraude y del blanqueo reconocido internacionalmente. A su juicio, “la protección de la intimidad y la lucha contra la corrupción no son objetivos incompatibles cuando las autoridades e instituciones pueden apoyarse en información de alta calidad, previamente comprobada por el notario”. En este sentido, ha defendido que el Índice Único Informatizado y la Base de Datos de Titularidad Real constituyen herramientas esenciales para compatibilizar la protección de los derechos fundamentales con una persecución eficaz de la delincuencia económica, en un modelo reconocido como buena práctica por organismos internacionales como el GAFI y GRECO.
La primera jornada del Curso de Verano ha puesto de relieve que la transformación digital no podrá construirse únicamente sobre nuevas tecnologías, sino sobre información jurídicamente fiable desde su origen. Esa premisa constituye también el punto de partida de la segunda jornada del curso, dedicada a analizar el papel que desempeñarán esos datos verificados en el despliegue de la cartera digital europea y de la futura cartera europea para empresas.
