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El Senado aprueba la norma que incluye la accesibilidad cognitiva en la Ley General de derechos de las personas con discapacidad

Accesibilidad de las ayudas públicas y sus resoluciones para personas con discapacidad

Noticia

El acceso a las prestaciones públicas y a las resoluciones administrativas que se deriven de estas deberán ser accesibles y comprensibles para las personas con discapacidad.

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Así se ha acordado por unanimidad en el pleno del Senado, que ha aprobado una enmienda transaccional a la proposición que modifica la Ley General de derechos de las personas con discapacidad para establecer y regular la accesibilidad cognitiva y sus condiciones de exigencia y aplicación.

La enmienda, suscrita por todos los grupos, especifica que la accesibilidad universal debe contemplarse en el acceso a las prestaciones públicas y a las resoluciones administrativas de éstas.

La accesibilidad universal, según especifica la norma en vigor, es la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos, instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible.

Aunque la norma actual ya establece que esa accesibilidad universal debe darse en la relaciones con las administraciones públicas, los senadores han querido señalar específicamente dentro de esas relaciones el acceso a las ayudas públicas y en sus resoluciones.

El proposición aprobada por la Cámara Alta tiene por objeto modificar la Ley General de Discapacidad para incluir la accesibilidad cognitiva que, entre otras medidas, implantará la lectura fácil en textos de interés general, como prospectos de medicamentos, documentos administrativos o judiciales.

En concreto, esta ley fomentará la implantación de pictogramas y la adaptación de todos los textos de interés general a lectura fácil "en zonas urbanas y rurales y en otros ámbitos, como "productos y servicios, espacios públicos, transportes, normativas de edificación, administraciones públicas, patrimonio cultural y procesos de participación pública".

La norma remitida por el Congreso ha incorporado más modificaciones técnicas y definiciones a su paso por el Senado, por lo que deberá ser devuelta ahora a la Cámara Baja para su aprobación definitiva.

La iniciativa original fue impulsada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).