Stella Raventós Calvo, presidenta de AEDAF, explica que: “Se trata de propuestas muy concretas, dirigidas a mejorar aspectos específicos de tributos ya existentes puesto que, en general, la legislación española no difiere en demasía de los de nuestro entorno, si exceptuamos la acumulación de impuestos sobre la riqueza de las personas físicas, como son el Impuesto sobre el Patrimonio y sobre Sucesiones que se da en nuestro país y que creemos que debería suprimirse. En el caso del IVA, la capacidad de maniobra, salvo la aplicación de los diferentes tipos y alguna exención, es extremadamente reducida y, en el desarrollo de la fiscalidad medioambiental, que va a constituir el grueso de los tributos nuevos, es nuestra opinión que debería hacerse siempre en consonancia con la Unión Europea. “
La primera propuesta presentada aborda el Impuesto sobre Sociedades, Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre la Renta de No Residentes. En ella se incluyen puntos absolutamente necesarios como la necesidad de incrementar la seguridad jurídica, absolutamente imprescindibles para fomentar la inversión y se proponen algunas medidas para favorecer la actividad económica, atrayendo contribuyentes a España y ensanchando así las bases imponibles sin incrementar la carga tributaria de los actuales declarantes.
La segunda de las propuestas tiene que ver con las modificaciones introducidas en relación con el nuevo valor de referencia, proponiendo una adecuación del mismo al criterio del Tribunal Supremo en materia de comprobación de valores para limitar la litigiosidad, proponiendo la creación del valor declarado ponderado.
Mientras, la tercera de las propuestas de AEDAF replantea la fiscalidad medioambiental, partiendo de una descripción del marco sobre el que debería pivotar esta reforma, de su estructura actual, de cuál debería ser su finalidad, finalizando con propuestas concretas de mejora de la tributación.
La cuarta y última propuesta se centra en la resolución extrajudicial de la conflictividad y la reforma de la jurisdicción sobre asuntos tributarios, en la que se abordan medidas destinadas a fomentar el acuerdo, acortar así los tiempos de resolución (y, en su caso, ingreso de la deuda tributaria) y a reducir el volumen de litigiosidad tributaria, (y los costes para el presupuesto público que conlleva, lacra que necesita ser extirpada de nuestro sistema), la modificación del carácter preceptivo de la vía económico-administrativa y la creación de juzgados y secciones de tribunales especializados en materia tributaria (a imagen y semejanza de los países más desarrollados de nuestro entorno) .
La presidenta de AEDAF concluye que “si de desarrollar un sistema realmente más innovador se tratase, sería necesario un plazo bastante más dilatado en el tiempo para reflexionar y con una implicación de los expertos que fuese más allá del mundo académico”.
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