Se trata del componente 27, dedicado a las 'Medidas y actuaciones de prevención y lucha contra el fraude fiscal'; el componente 28, sobre la 'Adaptación del sistema impositivo a la realidad del siglo XXI'; y el componente 29, relativo a la 'Mejora de la eficacia del gasto público'.
Montero ha afirmado que ninguna de estas tres áreas es nueva, sino que se trata de ejes sobre los que el Gobierno ya estaba trabajando, pero que ahora, con motivo del Plan de Recuperación, se aceleran y consolidan.
La titular de Hacienda ha presentado estos tres componentes después de que el 30 de abril el Gobierno remitiera el Plan a la Comisión Europea, un paso fundamental en el proceso iniciado en Europa el pasado verano, cuando los líderes comunitarios aprobaron un paquete de ayudas dotado con 750.000 millones de euros, de los que a España corresponden más de 140.000 millones.
Un sistema tributario para el siglo XXI
La titular de Hacienda ha insistido en la apuesta del Gobierno por un modelo fiscal que proporcione los ingresos suficientes para tener un Estado de Bienestar fuerte y haga posibles políticas públicas que garanticen la justicia social, la igualdad de oportunidades a todas las personas y que nadie se quede atrás.
La ministra ha recordado que España, en la última década, ha recaudado 7,7 puntos menos en términos de PIB que la media de la Zona Euro y que es el séptimo país con menores ingresos tributarios de la Unión Europea. "Eso limita el Estado de Bienestar español", ha asegurado.
El Gobierno plantea el objetivo de reducir esta brecha "progresivamente". De lo que se trata, según ha explicado, es de "revisar y reorientar" el sistema fiscal español para que, de forma natural y paulatina, se acerque a los estándares europeos.
María Jesús Montero ha recordado que ya en los Presupuestos Generales del Estado de 2021 se incluyeron algunas medidas. Y que también se tomaron otras decisiones para adaptar el sistema fiscal a la economía del siglo XXI con el objeto de que todas las actividades económicas queden reflejadas, como la aprobación de dos nuevas figuras tributarias: el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales y el Impuesto sobre las Transacciones Financieras, ambos en vigor desde el pasado mes de enero.
La labor de diseño del nuevo sistema tributario para el siglo XXI continúa, ése el compromiso del componente 28 del Plan, y a esos efectos el Gobierno ha nombrado un comité de personas expertas, que pondrá un especial énfasis en el análisis de la fiscalidad medioambiental; la imposición societaria; la tributación de la economía digitalizada; la armonización de las figuras patrimoniales; o la fiscalidad de las actividades económicas emergentes.
El comité tiene hasta febrero de 2022 para presentar sus conclusiones.
Impulso de la fiscalidad medioambiental
La ministra se ha referido a la fiscalidad verde, una prioridad del Ejecutivo porque es un instrumento clave para construir una economía más sostenible, al tiempo que es una materia en la que España está lejos de Europa: es el tercer país de la UE con menores ingresos por imposición medioambiental sobre el PIB. De hecho, la Comisión Europea, en cada uno de sus informes, recuerda a España que tiene recorrido en el ámbito de esta tributación.
Además, como ha señalado la titular de Hacienda, el incremento de los ingresos procedentes de estos tributos puede servir para limitar el peso de otros, como los que recaen sobre el trabajo.
En este sentido, Montero ha apuntado por ejemplo la creación de un impuesto sobre el depósito de residuos en vertedero y la incineración, así como el tributo que gravará los envases de plástico de un solo uso. Ambas figuras fiscales forman parte de la nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados que está elaborando el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
En cuanto a otros tributos, la ministra de Hacienda ha recordado que el Impuesto de Sociedades ha venido en los últimos años reduciendo su contribución al sostenimiento del gasto público y ha asegurado que no tiene sentido que el tipo efectivo que pagan las pymes sea superior al de las grandes empresas. Por tanto, ha defendido una reforma enfocada a que quienes más ganan más paguen, así como una mayor coordinación a nivel global que impida las prácticas de elusión fiscal. En este sentido, Montero ha celebrado que la nueva administración de EE UU haya propuesto un tipo mínimo global.
Montero también ha señalado el análisis de los beneficios fiscales, que es otro de los capítulos que recoge el Plan de Recuperación. En este sentido, ha avanzado que se verificará si cumplen con los objetivos con que se crearon y si tales metas pueden alcanzarse mejor por la vía del gasto y no de los impuestos.
La titular de Hacienda ha aclarado que la revisión de los beneficios fiscales no significa su eliminación. "El hecho de que analicemos una deducción tributaria no presupone que se eliminará", ha afirmado.
Lucha contra el fraude
La reducción de la brecha de recaudación con Europa también requiere de un refuerzo en la lucha contra el fraude.
En el componente 27 del Plan de Recuperación, el dedicado a esta cuestión, se incluye la Ley de lucha contra el fraude, ya aprobada por el Gobierno, ahora en la fase final de su trámite parlamentario y que se prevé que entre en vigor en el segundo trimestre de este año, aunque algunas de sus medidas se harán efectivas en 2022, según ha explicado Montero. La norma integra, por ejemplo, la prohibición de aprobar amnistías fiscales o del empleo de software de doble uso, así como la limitación del pago en efectivo entre profesionales o la redefinición del concepto de paraíso fiscal.
También se prevén inversiones (en total, 596 millones en el periodo 2020-2024) para mejorar los medios humanos -con aumento de la plantilla- y materiales con que cuenta la Agencia Tributaria. Además de que se contempla la mejora de la atención al contribuyente, con la implantación de la Administración Digital Integral, la denominada ADI, que ofrece asistencia a los ciudadanos de manera electrónica.
Uno de los objetivos de este componente es, además de la mejora de la eficacia de la lucha contra el fraude, incentivar el cumplimiento voluntario por parte del contribuyente.
Eficiencia del gasto público
El objetivo del componente 29 del Plan de Recuperación es transitar hacia una eficaz composición y calidad del gasto público, más orientado al crecimiento y a la igualdad social y territorial, según ha explicado María Jesús Montero.
Para llevar adelante esa misión, se contemplan varias acciones. En primer lugar, la incorporación al proceso de toma de decisiones de las recomendaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). En el Ministerio de Hacienda se creará una Unidad Técnica para dar seguimiento a esas recomendaciones. Según ha explicado la ministra, ello no significa que los dictámenes de la AIReF sean de obligado cumplimiento; lo preceptivo será explicar por qué se rechazan, en caso de no adoptarlos.
A ello se sumará la elaboración de un informe anual de seguimiento de las recomendaciones de la AIReF que se remitirá al Consejo de Ministros antes del 31 de marzo de cada año.
Tras las Fases I y II del 'Spending Review' de la AIReF, se llevará a cabo la Fase III, que Hacienda encargará este año. Las materias que se analizarán serán las líneas de préstamos, ayudas y demás instrumentos financieros al tejido empresarial por parte de las entidades del sector público; y la gestión de los residuos urbanos.
El Gobierno, además, se ha comprometido a dar un horizonte temporal más amplio al nuevo proceso de revisión y evaluación del gasto público, que será de cinco años, con lo que se desliga del ciclo político democrático y se refuerza la independencia de los trabajos. También se proporcionará una mayor continuidad a este tipo de ejercicios, con la creación de una división permanente de 'Spending Review' en la AIReF.
Por último, se incorporan medidas para mejorar la alineación, coherencia y consistencia de los Presupuestos Generales del Estado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y con la transición ecológica.
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia consta de diez políticas palanca para impulsar el proceso de transformación, aumentar la productividad y el crecimiento potencial de la economía, que a su vez se desglosan en treinta componentes que recogen las inversiones y reformas necesarias para modernizar el país. El documento recoge 110 inversiones para movilizar casi 70.000 millones entre 2021 y 2023 y 102 reformas basadas en cuatro ejes: la transición energética, la digitalización, la cohesión social y territorial y la igualdad de género.
