Ver especial completo sobre la protección de datos
El acuerdo −que se ha firmado coincidiendo con la celebración de una jornada conjunta en la que se han analizado las implicaciones del RGPD para la Administración Local− establece mecanismos de colaboración para que la Agencia distribuya a la FEMP las herramientas, guías y publicaciones que realice para facilitar el proceso de adaptación de las entidades locales a la nueva normativa, y para que la FEMP difunda estos recursos entre los entes locales. Asimismo, el protocolo contempla que ambas partes colaboren en nuevas acciones formativas, así como en el desarrollo y la participación en eventos y foros de debate orientados a divulgar la protección de datos entre las corporaciones locales.
El nuevo marco europeo, que será aplicable el 25 de mayo de 2018, plantea la necesidad de buscar formas de colaboración que permitan la máxima difusión posible de las previsiones establecidas en el Reglamento y de las vías para adaptarse.
En el marco de la jornada celebrada hoy, la Agencia ha destacado el esfuerzo que se está realizando para difundir las previsiones incluidas en el Reglamento y, en particular, para impulsar la colaboración de las diputaciones, cabildos y consejos insulares para facilitar el cumplimiento de la normativa, en especial, en ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes. A este respecto, desde la AEPD se ha incidido en que “es muy importante acompañar en la medida de lo posible a las entidades locales en la adaptación al Reglamento, ya que tratan datos personales en el desarrollo de muchas de sus actividades”. Por otra parte, se ha puesto de relieve el papel que puede jugar la FEMP para que la difusión de las previsiones del RGPD y los recursos que ofrece la Agencia para adaptarse al nuevo contexto normativo lleguen a todos los ayuntamientos, diputaciones, consejos y cabildos insulares.
Por su parte, la FEMP ha señalado que la colaboración directa y estrecha con la AEPD resulta imprescindible para que las Entidades Locales puedan asumir los nuevos retos derivados del Reglamento Europeo con la finalidad de alcanzar mayor seguridad jurídica en el sistema de protección de datos, y, a la vez, la modernización de sus respectivas organizaciones de cara a su asimilación con el resto de administraciones europeas.
