1. Hechos.
United Video Properties interpone en Bélgica una demanda por violación de patente contra Telenet. Formulada reconvención de nulidad contra la patente, esta es estimada y la actora es condenada en costas.
En la reclamación posterior el Tribunal fija las costas procesales en 11.000 Euros, importe máximo contemplado en la normativa de ese país. Telenet, por el contrario, sostiene que para su defensa incurrió en gastos muy superiores y solicita 185.462,55 euros en concepto de honorarios de abogado y gastos de asistencia letrada, así como 40.400 euros en concepto del asesoramiento proporcionado por un agente especializado en materia de patentes.
2. Pronunciamientos.
La primera cuestión que analiza la Sentencia es si el artículo 14 de la Directiva 2004/48/CE debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que establezca un sistema de tarifas a tanto alzado, en materia de condena en costas, que prevea un límite máximo de reembolso correspondiente a la asistencia letrada.
Para responder a esta pregunta el Tribunal sopesa la doble exigencia que la Directiva impone sobre el cálculo de las costas procesales en materia de propiedad industrial e intelectual: el importe debe ser “razonable” pero también “proporcionado”.
De una lado, la sentencia advierte que una normativa que establezca tarifas a tanto alzado para el reembolso de los honorarios de abogado podría estar justificada en principio, a condición de que tuviera como finalidad garantizar el carácter razonable de los gastos que hubieran de abonarse, habida cuenta de factores tales como el objeto del litigio, la cuantía del mismo o la cantidad de trabajo necesaria para la defensa del derecho de que se trate.
Así sucederá, en particular, cuando la finalidad de la normativa en cuestión sea excluir del reembolso gastos “excesivos” en concepto de honorarios “inusualmente elevados” que se hayan convenido entre la parte que haya ganado el juicio y su abogado en razón de la prestación por éste último de servicios que no se consideren necesarios para garantizar el respeto del derecho de propiedad intelectual de que se trate.
En cambio, el imperativo de que la parte vencida deba correr con las costas procesales que sean «razonables» priva de justificación a una normativa que imponga tarifas a tanto alzado “muy inferiores” a las tarifas medias que se apliquen efectivamente a los servicios de los abogados en dicho Estado miembro.
De otro lado, la exigencia de “proporcionalidad” no implica que la parte vencida deba reembolsar necesariamente “la totalidad de los gastos en que haya incurrido la otra parte”, pero sí, cuando menos, la condena debe comprender el reembolso de “una parte significativa y apropiada de los gastos razonables en que haya incurrido efectivamente”.
La segunda cuestión que el Tribunal se plantea es si el artículo 14 de la Directiva 2004/48/CE debe interpretarse en el sentido de que se opone a normas nacionales que tan sólo prevean el reembolso de los gastos de un “asesor técnico” en caso de que la parte vencida haya incurrido en culpa.
La Sentencia declara, antes que nada, que para que los gastos de un asesor técnico puedan conceptuarse como parte de las costas deben estar vinculados al pleito. En este sentido, no parece que presenten tal relación directa y estrecha los gastos de identificación e investigación en que se haya incurrido en el marco de actividades destinadas en particular a una observación general del mercado efectuada por un asesor técnico o la detección por éste de posibles violaciones de un derecho de propiedad intelectual imputables a infractores desconocidos en esa fase. En cambio, en la medida en que los servicios de un asesor técnico, con independencia de su naturaleza, resulten indispensables “para poder ejercitar adecuadamente una acción judicial” que tenga por objeto garantizar en un caso concreto el respeto de ese derecho de propiedad intelectual, los gastos correspondientes a la asistencia del asesor técnico formarán parte de los «demás gastos» que deben correr a cargo de la parte vencida en virtud del artículo 14 de la Directiva 2004/48.
En este punto el Tribunal señala que el artículo 14 de la Directiva 2004/48 no contiene ningún elemento que autorice a considerar que, en el marco de un procedimiento destinado a garantizar el respeto de un derecho de propiedad intelectual, los Estados miembros puedan supeditar el rembolso de los demás gastos —o de las costas procesales en general— al criterio de que la parte vencida haya incurrido en culpa.
3. Comentario.
Los pleitos en materia de patentes, por el grado de especialización que requieren en el profesional y por la intervención de peritos técnicos, conllevan una inversión económica nada despreciable. Hasta ahora las partes acudían al pleito asumiendo que, en caso de resultar victoriosas, sólo alcanzarían a recuperar una parte casi simbólica de esa inversión. La existencia de normas limitativas de las costas procesales en no pocos ordenamientos impedía el reembolso de los gastos reales afrontados. La Sentencia del Tribunal de Justicia que se comenta puede cambiar por completo esta visión restrictiva de las costas en los pleitos de patentes y de cualquier otro derecho de propiedad industrial e intelectual.
El Tribunal recuerda que las costas procesales cumplen un efecto disuasorio de la infracción y que el importe de la condena debe ser al mismo tiempo razonable y proporcionado. La parte vencedora está llamada a recuperar si no la totalidad de los gastos en que ha incurrido, sí al menos “una parte significativa”. El límite parece situarse en la sentencia, antes que en las tarifas a tanto alzado, en aquellos gastos que resulten “excesivos” o “inusualmente elevados”. El margen de discrecionalidad judicial se ensancha sensiblemente y los criterios restrictivos que subsisten en la Ley española podrían quedar en entredicho.
(Fuente de la información: ANUARIO ELZABURU 2016, recopilatorio de comentarios de jurisprudencia europea en materia de Derecho de Propiedad Industrial e Intelectual que realiza Elzaburu).
Documento citado:
- Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004 relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual.
ENGLISH VERSION
Expanding scope of legal cost claims. Judgment of the Court of Justice of 28 July 2016, United Video Properties (C-57/15).
1. Background.
United Video Properties brought patent infringement proceedings against Telenet in Belgium. A counterclaim was filed seeking the invalidity of the patent in suit. The latter action prevailed and the plaintiff was ordered to pay costs.
In the subsequent claim, the court fixed the legal costs at 11,000 Euros, the maximum amount provided under Belgian law. Telenet contended that it had incurred much greater expense and requested 185,462.55 Euros for lawyers’ fees and 40,400 Euros for the assistance provided by an agent specialised in the field of patents.
2. Findings.
The first question analysed by the judgment is whether Article 14 of Directive 2004/48/EC must be interpreted as precluding national legislation that establishes a flat-rate scheme which provides for an absolute reimbursement ceiling in respect of costs for the assistance of a lawyer.
In order to reply to that question, the Court weighs up the dual requirement imposed by the Directive on the calculation of legal costs in intellectual property matters, namely: the amount must be “reasonable” but also “proportionate”.
On the one hand, the judgment warns that legislation that provides for a flat-rate for reimbursement of a lawyer’s fees could, in principle, be justified, provided that it is intended to ensure the reasonableness of the costs to be reimbursed, taking into account factors such as the subject matter of the proceedings, the sum involved, or the work to be carried out in order to defend the rights concerned.
This will be the case, in particular, if the legislation in question is intended to exclude the reimbursement of “excessive” costs due to “unusually high” fees agreed between the successful party and its lawyer on account of the latter’s provision of services that are not considered necessary in order to ensure the enforcement of the intellectual property rights concerned.
On the other hand, the requirement whereby the unsuccessful party must bear “reasonable” legal costs cannot justify legislation imposing a flat-rate “significantly below” the average rate actually charged for the services of a lawyer in the Member State in question.
The requirement of “proportionality” does not imply that the unsuccessful party must necessarily reimburse “the entirety of the costs incurred by the other party”, but the reimbursement should at least cover “a significant and appropriate part of the reasonable costs actually incurred by that party”.
The second question that was referred concerns whether Article 14 of Directive 2004/48/EC must be interpreted as precluding national legislation that only provides for the reimbursement of the costs of a “technical adviser” in the case of fault on the part of the unsuccessful party.
The judgment firstly states that in order for the costs of a technical adviser to be considered as part of the legal costs, they must be linked to the proceedings. In that regard, the costs of identification and research incurred in the context of actions aimed, in particular, at generally observing the market, carried out by a technical adviser, or the latter’s detection of possible infringements of intellectual property law, attributable to unknown infringers at that stage, do not appear to show such a close direct link. On the other hand, to the extent that the technical adviser’s services, regardless of their nature, are essential “in order for a legal action to be usefully brought” seeking, in a specific case, to have such a right upheld, the costs linked to the technical adviser’s assistance will fall within “other expenses” that must, pursuant to Article 14 of Directive 2004/48, be borne by the unsuccessful party.
In this regard, the Court indicates that Article 14 of Directive 2004/48 does not contain any element from which it may be concluded that the Member States may subject the reimbursement of ‘other expenses’, or legal costs in general, in the context of proceedings seeking to ensure the enforcement of an intellectual property right, to a condition of fault on the part of the unsuccessful party.
3. Remarks.
Patent proceedings, due to the high degree of specialisation that the lawyer is required to possess and the involvement of technical experts, entail a significant outlay. Until now, parties would go into proceedings assuming that if they won, they would only manage to recoup a token amount of that investment. The existence of laws that imposed a cap on legal costs in a considerable number of countries prevented the reimbursement of the costs actually incurred. This judgment by the ECJ could overhaul this restrictive view on costs in proceedings concerning patents and any other intellectual property rights.
The Court points out that legal costs act as a deterrent against infringement and that the amount of those costs must be both reasonable and proportionate. The successful party is entitled to recover, if not all the costs that it has incurred, at least “a significant part” of that investment. The limitation, according to this judgment, would appear to refer to costs that are “excessive” or “unusually high”, rather than to flat-rates. The degree of discretion enjoyed by the court has broadened considerably, and the restrictive criteria that linger in Spanish law could be compromised.
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