La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, ha presidido la Conferencia Sectorial de Educación en la que ha anunciado a los consejeros de las comunidades autónomas que la Ley de Formación Profesional se aprobará definitivamente en el primer trimestre del próximo año.
El objetivo es la integración completa de la oferta formativa y la red de formación para el empleo para poner en marcha una oferta única, modular y flexible dirigida tanto a estudiantes como a trabajadores empleados y desempleados. Una FP que sea una opción de primera línea, puerta a un empleo de calidad y bien remunerado.
La futura norma ha superado ya la fase de enmiendas en el Congreso sin que ningún grupo parlamentario presentara una enmienda a la totalidad y llegará próximamente al Pleno de esta Cámara. Continúa así su tramitación el texto elaborado por el Ministerio en colaboración con todos los actores implicados en la Formación Profesional.
En paralelo a la tramitación de la ley, tal y como ha explicado la ministra en la Conferencia Sectorial, están en marcha ya las actuaciones del Plan de Modernización de la Formación Profesional. Entre otras, la ampliación de plazas, la creación o conversión de ciclos formativos en bilingües, la creación de aulas de emprendimiento, la creación de aulas de digitalización aplicada, y la formación del profesorado en formación profesional en digitalización y sostenibilidad aplicadas a los sectores productivos.
El Ministerio y las comunidades autónomas han abordado también el desarrollo de los currículos de las distintas etapas educativas, que serán aprobados previsiblemente en las próximas semanas.
Pilar Alegría ha destacado el diálogo y la colaboración entre las administraciones educativas para la elaboración de los Reales Decretos de enseñanzas mínimas, que se han discutido en reuniones bilaterales con cada una de las Consejerías de Educación, en la Comisión de Ordenación Académica de la Conferencia Sectorial y han sido presentados también a la Comisión General de Educación.
El nuevo currículo competencial sigue las directrices marcadas por las instituciones internacionales y está en línea con otros países que destacan por su modelo y resultados educativos.
Por otro lado, la Conferencia Sectorial ha aprobado los criterios de reparto y la distribución de 200,7 millones de euros a las comunidades autónomas para la creación de 21.794 plazas públicas y gratuitas de Educación Infantil de 0 a 3 años.
Esta partida forma parte de un plan a tres años financiado con 670,1 millones de euros para la creación de 65.382 plazas gratuitas de titularidad pública de 0 a 3 años. En 2022, las comunidades autónomas recibirán 331 millones de euros de este programa, tal y como recoge el proyecto Ley de los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año, aprobado hoy por el Congreso.
