Según ha anunciado en rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, la portavoz y titular de la cartera de Hacienda, María Jesús Montero, el plan ha sido impulsado por los ministerios de Política Territorial y Función Pública y de Igualdad, y suscrito por las organizaciones sindicales de empleados públicos, CSIF y UGT.
Montero ha detallado que se trata del tercer plan aprobado por el Ejecutivo, tras los de 2011 y 2015, y que "por primera vez" se incluye medidas transversales para que todos los ministerios y sus organismo dependientes "actúen en base a unas directrices que son comunes y homogéneas para todos".
Asimismo, la portavoz del Gobierno ha señalado que la Administración "quiere abordar las necesidades reales" del personal al servicio de la AGE, formado por un 51,4% de mujeres y un 48,6% de hombres. Montero ha apuntado que, "gracias al estudio que se ha hecho, por primera vez se analiza esta distribución por sexo para detectar las desigualdades que pudieran concurrir", hallando lo que denominan "segregación vertical" en los puestos inferiores de la Administración, que es donde se encuentra un mayor número de mujeres.
De este modo, la ministra ha defendido la conveniencia de "actuar en este sentido para tomar medidas en función y en favor del cambio estructural" que pretenden impulsar.
Por tanto, ha destacado que el Gobierno incidirá en la captación y retención de talento femenino; en el desarrollo a lo largo de la escala de la administración, persiguiendo la promoción interna de las mujeres; en combatir la brecha salarial del 5,2%; en lograr un balance entre ambos géneros a la hora de acceder a los permisos no retribuidos; y en la lucha contra la violencia contra las mujeres.
