Concretamente, se extiende el periodo de suspensión de los desahucios y lanzamientos de hogares vulnerables económica y socialmente de su vivienda habitual hasta el 31 de diciembre de 2026. Se mantiene, de este modo, el escudo que protege a las personas inquilinas sin alternativa habitacional que, por causas sobrevenidas, no pueden afrontar el pago del alquiler.
Las personas propietarias de 1 o 2 viviendas (o en situación de vulnerabilidad) no se verán afectadas por la prórroga de este escudo social: corresponderá a los servicios sociales competentes la búsqueda de una alternativa habitacional de emergencia.
Se refuerzan las compensaciones para las personas propietarias, en línea con el acuerdo del Consejo de Ministros de la semana pasaba que dotó con 300 millones el sistema de avales ante eventuales impagos.
