La idea, según ha explicado en una rueda de prensa el comisario de Empleo y Derechos Sociales, Nicolas Schmit, no es fijar un salario mínimo con una cantidad específica a nivel europeo, sino establecer un "marco" con unas normas comunes para que cada Estado miembro fije el suyo.
"No vamos a fijar un salario mínimo para Europa. Lo que vamos a proponer es un marco con el que los salarios mínimos sean fijados por los Estados miembros para que haya más transparencia y para que ciertos criterios sociales y también económicos, sobre todo lo correspondiente a la productividad, sea tenido en cuenta", ha apuntado.
El responsable de Empleo del Ejecutivo comunitario ha enfatizado que los salarios en algunos países europeos son "muy bajos" y este hecho "puede tener un impacto en otros países con mayores salarios" que se traduzca en una suerte de "dumping salarial".
"Esta es la razón real por la que trabajamos con la idea de un marco legal. Por un lado, garantizar el sistema, pero por otro, evitar que el 'dumping' salarial provoque que los salarios bajos provoquen reducciones en los altos", ha argumentado.
El luxemburgués ha indicado que esta fase de consultas se prolongará durante seis semanas. Posteriormente Bruselas avanzará en la elaboración de su propuesta y lanzará una nueva consulta con sindicatos y patronal que durará el mismo tiempo. Schmit ha confiado en que la propuesta legislativa pueda llegar poco antes del verano o ya en septiembre.
El comisario de Empleo ha explicado que, en la actualidad, 22 Estados miembros cuentan con un salario mínimo estatutario, mientras que en otros seis las remuneraciones de los trabajadores quedan determinadas a través de la negociación colectiva.
Precisamente la negociación colectiva es uno de los aspectos que quiere reforzar la Comisión Europea, según ha subrayado Schmit. De hecho, el documento elaborado por las autoridades comunitarias sobre esta consulta remarca que la negociación colectiva es un elemento "central" en la fijación de salarios porque define las condiciones de trabajo de un gran número de trabajadores y por tanto "tiende a reducir la dispersión salarial".
En todo caso, el Ejecutivo comunitario ha garantizado que la futura propuesta legislativa "respetará" las "tradiciones" nacionales en esta materia, así como la "autonomía" de los agentes sociales.
