El encuentro, celebrado en la ciudad hispalense, se desarrolló en el marco de las visitas que Campo está realizando a los colegios de abogados de
España para conocer las necesidades del colectivo de la abogacía, así como para exponer algunos de los principales proyectos de Justicia 2030
que conciernen al sector, con el objetivo de recoger sus aportaciones. Según el ministro, “no se puede mejorar el servicio público de Justicia sin escuchar a los colectivos y operadores jurídicos que lo conforman, ni tampoco a la sociedad civil a la que sirven”.
En ese sentido, el ministro se refirió al nuevo Estatuto de la Abogacía que entrará en vigor el 1 de julio. Según Campo, el nuevo texto, totalmente
alineado con el Consejo General de la Abogacía, regula la igualdad efectiva de mujeres y hombres en la provisión de los órganos colegiales, la relación con el cliente, los ámbitos deontológicos y disciplinario y promueve la conciliación de la vida familiar y profesional.
Respecto al nuevo Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita, Campo se refirió a la subvención de más de 43 millones de euros concedida por el Ministerio de Justicia en materia de prestación de asistencia jurídica gratuita para el ejercicio 2021 en territorio Ministerio. El ministro señaló que “el cobro más inmediato por parte de abogados y procuradores repercutirá en la mejora del servicio para la ciudadanía” e insistió, “no vamos a parar de hacer cosas”.
En esa línea, el ministro recordó que en su última visita a Castilla-La Mancha, anunció en el Colegio de Abogados de Guadalajara, que los días
del 24 de diciembre al 1 de enero serán inhábiles para las actuaciones judiciales.
Importancia de la mediación
Para aliviar la carga de trabajo en los juzgados acentuada por la crisis de la Covid-19, Campo hizo alusión a los Planes de Choque que contemplan la creación de un total de 100 nuevas unidades judiciales en 2020 y 2021; así como el Anteproyecto de Ley de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia, aprobado en el Consejo de Ministros, en el que se incluyen los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC).
Campo hizo especial hincapié en que “la mediación es un recurso útil para evitar la sobrecarga que pesa sobre los juzgados y es una herramienta
para la reactivación de la economía.” Según el ministro, “si se logra resolver por esta vía uno de cada cuatro conflictos, podemos obtener una
reasignación de recursos estimada en 380 millones de euros. Eso es eficiencia. Eficiencia cuantificada”.
El ministro señaló la importancia de los abogados y del resto de los operadores jurídicos, ya que este anteproyecto pretende abrir la Justicia a
la participación, no sólo a las partes involucradas, sino también “a los miembros de la sociedad que puedan contribuir a solucionarlos desde su
profesionalidad y buen hacer”.
También apuntó que el mero incremento de recursos o de unidades judiciales no soluciona los problemas, “porque el modelo fagocita los
recursos invertidos”. Aclaró que Justicia 2030 no es un programa de Legislatura, sino un proyecto de país, para cambiar la Justicia “gobierne
quien gobierne”.
Por ello, Campo anunció la creación de gabinetes de apoyo a los tribunales superiores de Justicia, con el objetivo de agilizar las actuaciones
procesales.
En cuanto a la nueva Ley de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de la Justicia, el ministro destacó, en primer lugar, la creación de los
Tribunales de Instancia (TTI). Esto supondrá, según Campo, “una mayor flexibilidad y favorecerá una mayor calidad en las resoluciones en la
primera instancia como consecuencia de la especialización”.
En segundo lugar, destacó la potenciación de la Oficina Judicial para convertirla en una oficina moderna y eficaz, como lo es la administración
tributaria.
En último término, el ministro se refirió a la creación de las Oficinas de Justicia en el Municipio “como una estructura sólida que acerque, no solo la Justicia, sino la Administración a la toda la ciudadanía”. Según Campo, estas oficinas ofrecerán a los usuarios la posibilidad de realizar trámites con la Administración de Justicia, con el Registro Civil, con los colegios profesionales, gerencias territoriales y otros servicios que las mismas puedan ir incorporando.
