El pasado 12 de enero se aprobó el real decreto 2/2021, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley de Auditoría de Cuentas, que introduce numerosas novedades tanto en la realización de los trabajos como en la organización de los despachos de auditoría.
El ICJCE colaborará con el Gobierno y el regulador para facilitar el cumplimiento de los nuevos requisitos por parte de la profesión y continuar promoviendo la mejora de la calidad de sus trabajos.
En este sentido, desde el Instituto han señalado que la estabilidad regulatoria será fundamental para que los auditores puedan llevar a cabo sus trabajos en un entorno "especialmente difícil" debido a la coyuntura económica, que está generando un incremento en los riesgos de fraude y de ruptura del principio de empresa en funcionamiento.
El nuevo reglamento promueve un marco normativo sobre independencia "más exigente", según los auditores. En este sentido, han destacado que desarrolla conceptos introducidos por la Ley de Auditoria de 2015 --como el de participación en la gestión o toma de decisiones o el de conflictos de intereses-- e introduce nuevas obligaciones y detalles en el proceso de análisis de amenazas y medidas de salvaguarda, y en el funcionamiento de las comisiones de auditoría.
También desarrolla determinadas incompatibilidades, como las que deben aplicarse a ciertas extensiones y aspectos relacionados con honorarios de auditoría.
Según han ensalzado desde el Instituto, uno de los aspectos más relevantes del nuevo Reglamento son las numerosas novedades que presenta en materia de digitalización de sociedades de auditoría. La comunicación con el supervisor, los sistemas de control interno de las firmas, los papeles de trabajo de los auditores y muchos otros aspectos del día a día de los profesionales de la auditoría tendrán que realizarse en un porcentaje muy elevado en formato electrónico.
