Así lo defiende el CERMI en su informe de consideraciones y propuestas de la discapacidad organizada al Anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud, presentado en la consulta pública previa abierta en estos momentos en el Departamento que dirige Mónica García.
En su documento de alegaciones, el CERMI insiste en que “en la nueva regulación legal pretendida se preserve en todo caso como valor superior la mejor atención de salud de los pacientes y de la población en general”, y añade que “los cambios en el modelo de gestión no supongan nunca detrimento en el trato y cuidado, tanto en calidad, cantidad y tiempo, que reciben las personas usuarias (actuales o potenciales) del sistema nacional de salud”.
Y el CERMI justifica su exigencia dado que “los cambios sobrevenidos en los modelos de gestión, que traen replanteamientos globales de esquemas, recursos, servicios y prestaciones consolidados, generan alteraciones que de no gobernarse bien pueden acarrear más mal que bien en términos de atención a la población cubierta por el sistema nacional de salud”.
Para la plataforma global de la discapacidad “las reversiones, las retroacciones de servicios y prestaciones ahora gestionados a través de fórmulas indirectas por el sector mercantil, que puede llegar consigo este cambio legal de modelo, deben efectuarse con prudencia, con rigor, con transparencia y en plazos apropiados, y dando participación a la sociedad civil de las personas con discapacidad y pacientes, para que vigilen y contribuyan a la sensatez y cordura del proceso”.
