Esta norma, la primera de estas características que adopta la UE y que tiene por objeto la regulación general de condiciones de accesibilidad a productos, bienes y servicios, está lejos de las demandas del sector español de la discapacidad. Además, ofrece unos resultados poco ambiciosos y alejados de los mandatos taxativos de accesibilidad universal y no discriminación recogidos en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, un tratado que vincula tanto a la UE en su conjunto como a cada uno de los Estados miembro.
De este modo, el CERMI incide en que las instituciones comunitarias no han atendido buena parte de las demandas de la sociedad civil en torno a la discapacidad, lo que se refleja en los contenidos no demasiado exigentes en materia de accesibilidad a bienes y servicios.
En este sentido, el CERMI subraya que la directiva contiene un listado de servicios insuficientes, dejando fuera del nuevo paraguas legal productos y servicios de gran relevancia. Además, la entidad critica que los bienes y servicios que sí están dentro de la directiva se puedan acoger a excepciones injustificables, al tiempo que lamenta que los plazos establecidos para la transposición son muy largos, dejando a la voluntad de cada país la decisión sobre cómo implementar las obligaciones legales de la directiva.
Pese a que las aspiraciones del movimiento español de la discapacidad no se han visto satisfechas, el CERMI está analizando el contenido de la nueva directiva para constatar si contiene nuevas obligaciones que la legislación española no recoge en la actualidad, a fin de que sean incorporadas. Por ello, la entidad pondrá en marcha un seminario técnico para analizar con precisión la nueva directiva europea y fijar una agenda de incidencia política.
