La sesión plenaria comenzará el martes, 13 de octubre, a las 15:00 horas, con el debate de iniciativas legislativas. En primer lugar, la toma en consideración de la Proposición de Ley del Parlamento de Cataluña, de modificación de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura. Esta Proposición de Ley añade un artículo, el 4 bis, sobre "el papel moneda y otros signos fiduciarios incautados por el régimen franquista", y una disposición adicional, la novena, sobre "incautaciones durante la Guerra Civil amparadas en disposiciones de la República".
A continuación, se debatirá si se inicia la tramitación de la Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, de coordinación de los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil. Esta ley pretende establecer ciertos aspectos que garanticen una organización y funcionamiento homogéneos en el conjunto del Estado, y facilite, a su vez, las labores de coordinación en materia de gestión de emergencias, ofreciendo un marco regulador común para los servicios de bomberos en el ámbito estatal y autonómico.
Proposiciones no de Ley
La sesión del martes continuará con el debate de la Proposición no de Ley presentada por Foro Asturias, formación integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a "la preocupante situación de la industria básica y de sus puestos de trabajo como secuela del prolongado retraso del Gobierno en la aprobación del Estatuto del Consumidor Electrointensivo".
De quedar aprobada, esta Proposición no de Ley instaría al Ejecutivo a "aprobar urgentemente el Estatuto del Consumidor Electrointensivo e incorporar entre sus medidas aquellas que permitan compensar a la industria básica los costes de producción derivados del alto precio de la energía con el fin de garantizar la supervivencia del sector y el mantenimiento de los puestos de trabajo".
Asimismo, se debatirá la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el compromiso con la convivencia democrática y el rechazo del odio y el fanatismo, por la que se condena "la difusión de mensajes y videos en los que se desea o simula la muerte de una persona por motivos políticos, que más allá de amenazar a personas concretas, agreden nuestra democracia y erosionan nuestras aspiraciones de serenidad y concordia".
Reales Decretos-Leyes
La sesión del jueves, 15 de octubre, comenzará con el debate de convalidación o derogación de cuatro reales decretos-leyes. El primero será el Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia, cuyo texto otorga a las personas trabajadoras a distancia los mismos derechos que las que ejercen sus actividades en los locales de la empresa y se fundamenta en la voluntariedad y el acuerdo de personas trabajadoras y personas empleadoras. La norma considera trabajo a distancia regular aquel que se preste, en un periodo de referencia de tres meses, un mínimo del 30% de la jornada o el porcentaje proporcional equivalente en función de la duración del contrato de trabajo.
Seguidamente, se debatirá el Real Decreto-ley 29/2020, de 29 de septiembre, de medidas urgentes en materia de teletrabajo en las Administraciones Públicas y de recursos humanos en el Sistema Nacional para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, cuyo objetivo principal es configurar un marco normativo básico suficiente para que todas las administraciones públicas puedan desarrollar sus instrumentos normativos propios reguladores del teletrabajo en sus administraciones públicas y considerando también la competencia estatal sobre la legislación laboral en el caso del personal laboral.
También en materia de empleo, el Pleno decidirá sobre el Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo, que contiene la prórroga hasta el 31 de enero de 2021 de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), basados en las causas recogidas en el artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. Según lo acordado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social con sindicatos y patronal, esta norma contiene también la extensión de medidas extraordinarias de ¿escudo social¿ de los arrendatarios de vivienda en situación de vulnerabilidad.
Por último, se debatirá el Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria. Se trata de un paquete de medidas para facilitar la contratación de docentes que cumplan con todos los requisitos pero que aún no hayan cursado el máster específico, con el objetivo de garantizar el derecho a la educación en condiciones seguras durante el curso 2020-2021. La cobertura de estas plazas, de carácter excepcional y temporal, podrá llevarse a cabo para las materias en las que se agoten las listas de aspirantes al desempeño de puestos de trabajo en régimen de interinidad y de demandantes de empleo que estén en posesión del citado máster.
Reforma penal contra la esterilización forzosa
Finalmente, la sesión del jueves se cerrará con el debate del dictamen de la Comisión de Justicia sobre la Proposición de Ley de modificación del Código Penal para la erradicación de la esterilización forzada o no consentida de personas con discapacidad incapacitadas judicialmente, cuyo texto necesita la mayoría absoluta de la Cámara para continuar su tramitación en el Senado.
Esta proposición de ley, procedente del Senado y cuya toma en consideración fue aprobada por la Cámara Alta el pasado mes de marzo, tiene como objetivo aplicar lo establecido en la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, que establece que los estados partes deberán modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación contra esas personas, como leyes de tutela y otras normas que vulneran el derecho a la capacidad jurídica; leyes de salud mental que legitiman la institucionalización forzada y la administración forzada de tratamientos, que son discriminatorias y deben abolirse; la esterilización de mujeres y niñas con discapacidad sin su consentimiento.
El informe de la Ponencia fue aprobado en la Comisión de Justicia el pasado miércoles 30 de septiembre, incorporando una disposición final tercera nueva, que determina que "el Gobierno remitirá a las Cortes Generales un proyecto de ley de modificación de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, y de la Ley Orgánica 2/2010 de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, con el objetivo de reforzar que las personas con discapacidad que precisen de apoyos humanos y materiales, incluidos los tecnológicos, cuenten con la información necesaria y la documentación clínica en formatos, canales y soportes accesibles para que la decisión que adopten en su calidad de pacientes sea libre e informada, y para reforzar la obligación de los poderes públicos de garantizar el derecho a la salud sexual y reproductiva de las personas con discapacidad".
