
La ministra de Empleo y Seguridad Social presidió ayer la reunión constitutiva del Grupo de Trabajo para la Tarjeta Social. En esta reunión participaron también la ministra de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, el secretario general de Administración Digital, Domingo Molina, los consejeros y representantes de las Comunidades Autónomas (CCAA) y representantes de la Federación Española de Municipios y Provincias.
El grupo de trabajo está compuesto por representantes de la Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas, las Ciudades con Estatuto de Autonomía y la Federación Española de Municipios y Provincias.
En esta primera reunión, se ha anunciado que la tarjeta social será universal. Englobará las prestaciones económicas a cargo de las Administraciones Públicas o provenientes de fondos públicos que perciba un ciudadano y permitirá identificar las situaciones que mejoren el diseño de las políticas sociales.
Por lo tanto, estarán incluidas en el sistema de Tarjeta Social todas las prestaciones económicas gestionadas por órganos y organismos de la Administración General del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales. Los trabajos previos han concluido que una parte importante de esas prestaciones están ya en el Registro de Prestaciones Sociales Públicas creado por el Real Decreto 397/1996, de 1 de marzo, por el que se regula el Registro de Prestaciones Sociales Públicas.
La tarjeta social permitirá así incorporar nuevas prestaciones e información y mejorar así los mecanismos de diagnóstico para el diseño y desarrollo de políticas públicas para los ciudadanos. Por otro lado, la tarjeta social amplía los mecanismos de participación, a través de un sistema abierto que permite sumar programas también del tercer sector y entidades públicas y privadas a través de la responsabilidad social corporativa.
Esta tarjeta ofrecerá a las Administraciones Públicas encargadas de diseñar las políticas sociales una base de datos y una herramienta de análisis estadístico que les va a permitir detectar con precisión las situaciones de vulnerabilidad. Ello permitirá mejorar la coordinación entre las políticas de empleo y las políticas sociales y evitará situaciones de desprotección.

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