Costas en la inadmisión del recurso contencioso

La Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativo contempla en el apat...

La Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativo contempla en el apatado primero de su art.68 -EDL 1998/44323 la posibilidad de que la sentencia pronunciada contenga alguno de los fallos siguientes:

a Inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo.

b Estimación o desestimación del recurso contencioso-administrativo.

Además, el apartado segundo del art.68 -EDL 1998/44323 recuerda que la sentencia deberá contener, además, el pronunciamiento que corresponda respecto de las costas, lo que pone de relieve que el legislador contempla que exista una decisión sobre las costas con independencia de que la sentencia entre o no en el fondo del asunto.

Por tanto, como primera conclusión, cabe retener que una sentencia de inadmisibilidad debe contener también un pronunciamiento sobre las costas.

Por otro lado, cabría preguntarse si las costas únicamente pueden imponerse a través de una sentencia y no a través de un auto. Se encarga de desmentir esta circunstancia el apartado primero del art.139 LJCA -EDL 1998/44323 al expresar que «[e]n primera o única instancia, el órgano jurisdiccional, al dictar sentencia o al resolver por auto los recursos o incidentes que ante el mismo se promovieren, impondrá las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho.» 

En consecuencia, la segunda conclusión es que el juez «al resolver por auto» también deberá decidir sobre las costas. Sin embargo, ¿qué autos deben contener la eventual condena en costas? La respuesta parece deducirse del propio planteamiento, es decir, aquellos que, por una causa u otra, inadmitan el recurso.

Por otro lado, pudiera pensarse que el art.139 LJCA -EDL 1998/44323 parece guardar silencio sobre cuál debería ser el pronunciamiento en costas en el caso que se aprecie la inadmisibilidad. No obstante, si se relaciona el precepto con otras normas contenidas en la propia LJCA esa primera impresión muta hasta el punto de poder sostener lo contrario a partir de una interpretación conjunta de los art.51, 56, 58, 59 y 139 LJCA.

Al haber incorporado la L 37/2011, de 10 octubre -EDL 2011/222122 el denominado criterio del vencimiento, se constata, en consecuencia, que el elemento nuclear sobre el que el juez deberá centrar su atención es el relativo a la aceptación o rechazo de las pretensiones de las partes, debiendo imponer las costas a aquella que haya «visto rechazadas todas sus pretensiones».

El capítulo II del título III de la LJCA se refiere a las pretensiones de las partes -art.31 y 33 -EDL 1998/44323- y, pese a que el texto legal parece aludir únicamente a las pretensiones del demandante, lo cierto es que, en la medida que la contestación a la demanda configura también la relación jurídico procesal, la invocación de una causa de inadmisión comporta también el ejercicio de una pretensión por el demandado: que el proceso contencioso-administrativo concluya por inadmisión sin análisis de la pretensión de fondo del demandante.

A partir de aquí deben introducirse, no obstante, dos matices de necesaria consideración

En primer término, con independencia del criterio objetivo y en virtud de una elemental interpretación del principio dispositivo, debe entenderse que, para que proceda la imposición de costas, resulta necesario que la parte haya solicitado la condena en costas de la contraria, a riesgo de incurrir juez en ultra petita en caso de una condena en costas que nadie hubiera impetrado.

En segundo lugar, si, como acabo de exponer, el elemento trascendental es el del rechazo absoluto de la pretensión, no puede obviarse que, de conformidad con el art.56.1 LJCA -EDL 1998/44323-, las pretensiones del recurrente y del demandado no se incorporan al proceso sino hasta el momento de la demanda y de la contestación, respectivamente.

A partir de esta última premisa resulta, en mi opinión, difícil de mantener la posibilidad de una condena en costas cuando, por ejemplo, la inadmisibilidad del recurso contencioso administrativo hubiera sido apreciada de oficio por el juez -51 LJCA -EDL 1998/44323--, toda vez que ninguna pretensión podría verse totalmente rechazada, en la medida que todavía no se habría incorporado al proceso pretensión alguna al no haberse presentado aún demanda ni contestación.

En principio, también cabría mantener semejante conclusión cuando la causa de inadmisibilidad del recurso hubiera sido puesta de manifiesto por el demandado en las denominadas alegaciones previas -art.58 y 59 LJCA -EDL 1998/44323- esto es, dentro de los primeros cinco días de plazo para la contestación a la demanda pues, al fin y al cabo, en buena técnica, el demandado no habría materializado aún su pretensión al no haber formulado todavía la contestación a la demanda.

No obstante, si partimos de la naturaleza resarcitoria de la condena en costas es evidente que, aun sin contestación, al demandado que ha comparecido ya con abogado y procurador al formular su escrito de alegaciones previas, se le han generado una serie de gastos que, en caso de prosperar la inadmisibilidad del recurso, no se atisba a ver la razón que permitiría denegar su reembolso.

Desde la perspectiva contraria, no se produciría este problema, toda vez que, una vez se hubiera dado traslado al actor del escrito de alegaciones previas, en el caso de que las mismas fueron rechazadas, habrá de dictarse un auto desestimatorio de las alegaciones previas que dispondrá que se conteste la demanda en el plazo que reste, por lo que, el desembolso económico que hubiera comportado eventualmente el incidente, debería de contemplarse en la tasación de costas derivada de la sentencia que en su día se dicte.

Finalmente, el escenario de una inadmisión en sentencia, tras demanda y contestación, nos situaría ya en la perspectiva general, esto es, en el terreno del art.139 LJCA -EDL 1998/44323-, de modo que si el demandado aduce la inadmisibilidad en su contestación a la demanda -tanto si lo hace por primera vez como si reitera los motivos de inadmisión que articuló como alegaciones previas y, con base a los mismos, el juez inadmite el recurso en sentencia, en este caso regiría sin dificultad la regla general del art.139.1 LJCA -el rechazo de todas las pretensiones pudiendo dar lugar a la condena en costas del recurrente al considerar que el demandado perseguía, en primer término, una pretensión de inadmisibilidad del recurso.

Probablemente porque la reforma de la Ley de la Jurisdicción Contencio...

Probablemente porque la reforma de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa -EDL 1998/44323 trasladó a este orden jurisdiccional –miméticamente los criterios establecidos en la Ley de Enjuiciamiento Civil -EDL 2000/77463-, no previó expresamente el régimen general de las costas procesales cuando la resolución correspondiente no «estima» o «desestima», sino que «inadmite».

No olvidemos que un contenido posible de la parte dispositiva de la sentencia -o auto es la «inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo» -art.68 LJCA -EDL 1998/44323- cuando concurra alguno de los supuestos previstos en el art.69 de la propia Ley Jurisdiccional.

Desde mi punto de vista, la «inadmisión» del recurso debe considerarse, a los efectos que nos ocupan -esto es, en relación con las costas-, como un pronunciamiento equivalente a la desestimación, pues tal inadmisión determina –claramente el rechazo de todas las pretensiones deducidas por el interesado, por la sola razón de que -ante la imposibilidad de abordarlas ninguna de ellas ha podido ser acogida.

No olvidemos que la inadmisión no es otra cosa que el rechazo de una demanda, de un recurso o -en general de una petición por motivos de naturaleza formal -dicho grosso modo-, sin que se alcance a comprender la razón por la que ese rechazo por motivos formales deba tener mejor tratamiento -a efectos de las costas procesales que la desestimación por razones materiales o de fondo cuando, en ambos, las pretensiones deducidas -en la demanda o en el recurso no han prosperado en absoluto.

La declaración de inadmisibilidad debe suponer, por tanto, la condena en costas en virtud del criterio del vencimiento objetivo previsto en el art.139 de la Ley de la Jurisdicción -EDL 1998/44323-.

Igual conclusión debe adoptarse en el supuesto de la inadmisión inicial a trámite en virtud de lo establecido en el art.51 de la Ley Jurisdiccional -EDL 1998/44323 y ello aunque, propiamente, no se haya formulado la pretensión, en tanto aquella declaración tiene lugar antes de la formalización de la demanda.

Y también si dicha inadmisión es consecuencia de las alegaciones previas formuladas por el demandado con arreglo al art.58 de la Ley Jurisdiccional -EDL 1998/44323-.

La razón de ser es la misma que si la inadmisión se produce en sentencia: las pretensiones -en tanto ni siquiera abordadas por el órgano judiciales deben considerarse absolutamente rechazadas, sin que la parte contraria deba afrontar los gastos generados por la iniciación del proceso cuando -como sucede en los casos indicados el recurso mismo ni siquiera podía tramitarse.

Otra cosa será, obviamente, la cuantía a la que deben ascender en los casos de inadmisión las costas procesales. Es llano que en los supuestos previstos en los art.51 y 58 de la Ley Jurisdiccional, EDL 1998/44323 -que determinan la inadmisión por auto del recurso el esfuerzo defensivo que ha desplegado la parte demandada es notoriamente inferior a aquel en el que se hubieran agotado todos los trámites procesales previstos en la ley -demanda, contestación, recibimiento a prueba, práctica de la misma, conclusiones-, de suerte que las costas causadas en aquellos casos serán menores y así debería declararse por el órgano judicial con amparo en el art.139.4 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Pero esta circunstancia -cuantía de las costas es algo distinto del régimen jurídico de las mismas que, a mi juicio, deberá seguir en la inadmisión el régimen general previsto en el art.139 -EDL 1998/44323 y equiparar tal inadmisión al supuesto previsto en ese precepto: el rechazo de todas las pretensiones de la parte.

La redacción del art.139.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Co...

La redacción del art.139.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa -EDL 1998/44323-, relativo a las costas procesales en los procesos en primera o única instancia, tras la reforma operada por la L 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal -EDL 2011/222122 –cuyo Preámbulo se limita prácticamente a señalar que se introduce el criterio objetivo del vencimiento, con carácter general viene a ser una reproducción casi literal del art.394 LEC. Quizás por ello y porque en dicho texto legal no se da la circunstancia de diferenciar los posibles fallos de las sentencias, como acontece en el orden contencioso-administrativo, ya sean de inadmisibilidad -art.68.1.a, en los casos contemplados en el art.69-, ó de estimación o desestimación -art.68.1.b-, es por lo que cabe plantearse si los pronunciamientos judiciales de inadmisibilidad pueden resultar excepcionados del régimen general.

Lo que resulta claro es que el pronunciamiento correspondiente respecto a las costas procesales forma parte del contenido necesario de la sentencia, como se desprende del art.68.2 -EDL 1998/44323-, que no establece ningún tipo de excepción o reserva entre las sentencias de inadmisibilidad y las de estimación o desestimación.

Si a ello añadimos que en el art.139.1 -EDL 1998/44323 rige, con carácter general, el principio objetivo del vencimiento para la parte que «haya visto rechazadas todas sus pretensiones» y el carácter resarcitorio de la condena en costas, me inclino por sostener que cualquier resolución judicial declarando la inadmisibilidad, en la fase procesal que corresponda, según los casos, no tiene por qué suponer, por esa exclusiva razón, una excepción a la regla general aplicable.

En mi opinión, un pronunciamiento de inadmisibilidad en una sentencia lleva consigo el rechazo de las pretensiones formuladas, aun de forma indirecta, al no haber sido preciso entrar a resolver el fondo de la cuestión litigiosa. Lo esencial es que el rechazo de las pretensiones del recurrente va implícito en el fallo de inadmisibilidad. Y lo mismo sucede en los casos de pronunciamientos anticipados de inadmisibilidad, ya sea en el trámite inicial del art.51 -EDL 1998/44323-, ya sea con ocasión de la estimación de las alegaciones previas de causas de inadmisibilidad formuladas por el demandado en atención a lo previsto en los art.58 y 59, pues aunque en ninguno de ambos supuestos haya llegado a formularse ninguna pretensión al no haberse presentado el escrito de demanda, en definitiva volvemos a hallarnos ante un rechazo de las pretensiones que se querían hacer valer. Sin duda alguna, en estos casos, el importe de las costas procesales, atendido el escaso trayecto procesal del asunto y la limitada actividad procesal de las partes, será inferior y deberá ser así tomado en consideración en su cuantificación, pero esta incidencia desde el punto de vista económico no altera, a mi juicio, la verdadera naturaleza y fundamento de la imposición de costas en atención al principio objetivo del vencimiento, pues no puede soslayarse que «la necesidad del proceso para obtener razón no debe convertirse en un daño para el que tiene la razón» -TS auto 20-12-10-.

Atendido lo anterior, así pues, la decisión judicial de excepcionar el régimen legal en esta materia requeriría, en atención a las concretas circunstancias concurrentes en cada caso, la debida motivación, como de forma reiterada viene afirmando el Tribunal Supremo, entre otras muchas, en las sentencias de 7-12-11, -rec 183/08 -EDJ 2011/292778 y 29-9-14 -rec 2572/12 -EDJ 2014/180732-.