En las últimas décadas se ha solido dar prioridad a la sustitución frente a la reparación cuando los productos empiezan a fallar y no han ofrecido incentivos insuficientes a los consumidores para que reparen sus bienes tras expirar la garantía jurídica.
La propuesta hará que sea más fácil y rentable para los consumidores reparar los productos en lugar de sustituirlos. Además, una mayor demanda se traducirá en un impulso para el sector de la reparación, al tiempo que incentivará a los productores y vendedores a desarrollar modelos de negocio más sostenibles.
La propuesta presentada hoy velará por que se reparen más productos dentro de la garantía jurídica y que los consumidores dispongan de opciones más sencillas y baratas para reparar productos técnicamente reparables (por ejemplo, aspiradoras o, pronto, tabletas y teléfonos inteligentes) cuando la garantía jurídica haya expirado o cuando el producto ya no funcione debido a su desgaste.
Nuevas medidas para promover y facilitar la reparación y la reutilización
La propuesta introduce un nuevo «derecho a la reparación» para los consumidores, tanto dentro como fuera de la garantía jurídica.
Dentro de la garantía jurídica, los vendedores estarán obligados a ofrecer reparación, excepto cuando sea más cara que la sustitución.
Fuera de la garantía jurídica, los consumidores gozarán de un nuevo conjunto de derechos e instrumentos para hacer de la «reparación» una opción fácil y accesible:
- El derecho de los consumidores a reclamar a los productores la reparación de productos que sean técnicamente reparables con arreglo al Derecho de la UE, por ejemplo, una lavadora o un televisor. Esto garantizará que los consumidores siempre tengan a alguien a quien recurrir cuando opten por reparar sus productos, y alentará a los productores a desarrollar modelos comerciales más sostenibles.
- La obligación de los productores de informar a los consumidores sobre los productos que estén obligados a reparar ellos mismos.
- Una plataforma de reparación en línea para poner en contacto a los consumidores con los talleres de reparación y los vendedores de productos renovados en su zona. La plataforma permitirá realizar búsquedas por ubicación y estándares de calidad, lo que ayudará a los consumidores a encontrar ofertas atractivas y aumentará la visibilidad de los talleres de reparación.
- Un formulario europeo de información sobre reparación que los consumidores podrán solicitar a cualquier taller de reparación, que aportará transparencia sobre las condiciones y el precio de la reparación, y facilitará a los consumidores la comparación de las ofertas de reparación.
- Se elaborará un estándar de calidad europea de los servicios de reparación a fin de ayudar a los consumidores a encontrar los talleres de reparación que se comprometen a ofrecer una mayor calidad. Este estándar de «reparación fácil» estará abierta a todos los talleres de reparación de toda la UE que deseen comprometerse a ofrecer unos estándares mínimos de calidad, por ejemplo, basados en la duración o la disponibilidad de los productos.
Próximas etapas y propuestas
La propuesta de la Comisión la tendrán que adoptar el Parlamento Europeo y el Consejo.
Un reciente Eurobarómetro ha indicado que el 77 % de los europeos se siente personalmente responsable de actuar para limitar el cambio climático. Los productos desechados son a menudo productos viables que pueden repararse, pero se suelen eliminar prematuramente, lo que se traduce en 35 millones de toneladas de residuos, 30 millones de toneladas de recursos y 261 millones de toneladas de emisiones de gases de efecto invernadero en la UE cada año.
Además, las pérdidas de los consumidores al optar por la sustitución en lugar de la reparación se calculan en casi 12 000 millones al año. Se calcula que la iniciativa aportará a la UE 4 800 millones de euros en crecimiento e inversión.
Sin embargo, los consumidores suelen considerar que la reparación es una cosa difícil. La iniciativa de «derecho a la reparación» complementa otras propuestas presentadas por la Comisión para lograr un consumo sostenible a lo largo de todo el ciclo de vida de un producto, estableciendo el marco para un verdadero «derecho a la reparación» en toda la UE.
Esta propuesta forma parte del objetivo más amplio de la Comisión Europea de llegar a ser el primer continente climáticamente neutro de aquí a 2050, objetivo que solo puede alcanzarse si los consumidores consumen y las empresas producen de forma más sostenible.
La propuesta de «derecho a la reparación» se anunció en la Nueva Agenda del Consumidor y en el Plan de Acción para la Economía Circular. La propuesta se ocupa de los obstáculos que disuaden a los consumidores de realizar reparaciones debido a inconvenientes, falta de transparencia o difícil acceso a los servicios de reparación. Por lo tanto, fomenta la reparación como una opción de consumo más sostenible, lo que contribuye a los objetivos climáticos y medioambientales del Pacto Verde Europeo.
Esta iniciativa complementa otros instrumentos que persiguen el objetivo del Pacto Verde Europeo de un consumo sostenible mediante la reparación. Por el lado de la oferta, el Reglamento sobre diseño ecológico para productos sostenibles promueve la reparabilidad de los productos en la fase de producción. Por el lado de la demanda, la propuesta de Directiva relativa a la capacitación de los consumidores para la transición ecológica facilita a los consumidores tomar decisiones de compra con conocimiento de causa en el punto de venta.
Esta propuesta refuerza la demanda al promover la reparación en la fase posventa. Las tres iniciativas abarcan conjuntamente todo el ciclo de vida de un producto, complementándose y reforzándose mutuamente.
Además, la iniciativa de fundamentación de las declaraciones medioambientales, también adoptada hoy, facilitará a los consumidores contribuir a la transición ecológica mediante sus decisiones de compra y evitará que las empresas formulen declaraciones engañosas sobre los méritos medioambientales de sus productos y servicios. Esta iniciativa también complementa la propuesta dirigida a capacitar a los consumidores para la transición ecológica, que establece el marco horizontal contra el blanqueo ecológico.
