1. Hechos.
Los hechos traen causa de una noticia publicada por el periódico “El País” en 1985 relativa a la detención de A y B por tráfico de drogas, aludiendo también a su drogodependencia y al tratamiento médico que recibieron en prisión para mitigar su síndrome de abstinencia.
Con el acceso público y gratuito a la hemeroteca digital del periódico en el año 2007, al utilizar como palabras clave los nombres y apellidos de los afectados en los buscadores generales de Internet, el enlace a la web que contenía la noticia aparecía en los primeros resultados de la búsqueda.
Al rechazar el periódico la petición de cesar en el tratamiento de datos de A y B, la posibilidad de sustituirlos por sus iniciales y/o adoptar medidas tecnológicas para evitar la indexación de la información sobre hechos ocurridos muchos años antes en los motores generales de búsqueda de Internet, se interpuso la primera demanda que da origen a este proceso.
La Sala Primera del TS resuelve el recurso de casación interpuesto por “Ediciones El País, S.L.” contra la sentencia de la AP de Barcelona dimanante de las actuaciones de juicio ordinario reservado del JPI núm. 21 de Barcelona.
2. Pronunciamientos.
La Sala pone de relieve el ámbito de responsabilidad de los editores de páginas web, en concreto las hemerotecas digitales en las que se incluyen datos personales que permiten la indexación de la noticia en los motores de búsqueda, afirmando que éstas realizan un tratamiento de datos con el consiguiente deber de cumplir con las exigencias de la normativa, en concreto el “principio de calidad de los datos” (art. 6 de la Directiva 1995/46/CE y art. 4 de la Ley 15/1999). Considera el TS que el transcurso del tiempo hizo inadecuado el tratamiento en relación con su finalidad siguiendo la línea fijada por la Sentencia del TJ de 13 de mayo de 2014, Google (C-131/12) en el asunto relativo al “Derecho al Olvido”.
Asimismo, establece que la denegación por el periódico de la cancelación del tratamiento de los datos personales de las personas demandantes, supuso una vulneración del derecho a la protección de sus datos personales que trajo consigo la intromisión ilegítima en sus derechos al honor y a la intimidad, teniendo en cuenta que la indexación automática de la información contenida en la hemeroteca digital, aunque veraz, causa un daño desproporcionado a la reputación de los afectados, por carecer A y B de relevancia pública y los hechos de interés histórico, lo que no estaría amparado por la libertad de información de las hemerotecas digitales cuyo ejercicio, según ha declarado el TEDH, podría considerarse menos intenso al cumplir éstas una función secundaria.
Reconoce también la necesidad del editor de la página web de adoptar medidas tecnológicas, haciendo uso de los correspondientes protocolos de exclusión, para evitar la indexación y archivo de los datos personales de los afectados en las bases de datos de los motores de búsqueda. Sin embargo, revoca la decisión de la AP de no publicar datos identificativos (ni sus nombres, ni las iniciales) y la prohibición de indexar los datos personales para su uso por el motor de búsqueda interno de la hemeroteca digital, reconociendo así la integridad de los archivos digitales protegida por el artículo 10 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y amparada por el TEDH, que excluye la posibilidad de alterar su contenido eliminando o borrando datos. Pondera esta última cuestión distinguiendo entre la audiencia más activa en la búsqueda de la información que debe tener acceso a las noticias a través del buscador de la hemeroteca y la audiencia general, esto es los usuarios de los motores de búsqueda, para los que la noticia sería invisible. Finalmente mantiene el derecho a la indemnización de los afectados.
3. Comentario.
Se trata de la primera sentencia del TS que recoge el llamado “derecho al olvido digital” estableciendo su alcance y limitaciones. Si bien reconoce la relación entre el paso del tiempo y la privacidad, acogiendo la oposición al tratamiento de datos de los afectados, precisa que este derecho no ampara que “cada uno construya un pasado a su medida”. Confirma la responsabilidad de los medios de comunicación en relación a las noticias albergadas en sus hemerotecas digitales realizando una adecuada ponderación entre intereses públicos y privados. La sentencia constituye un avance relevante en el logro de una protección plena y eficaz de los derechos de la personalidad en el entorno digital. La necesidad de preservar la privacidad en la era de la hiperconexión encuentra paradójicamente la solución a través de las propias herramientas tecnológicas. El reconocimiento normativo del “derecho al olvido” podría materializarse si se aprueba finalmente la propuesta de Reglamento general de protección de datos que en su artículo 17 regula su contenido y sería directamente aplicable en los Estados miembros.
(Fuente de la información: ANUARIO ELZABURU 2015, recopilatorio de comentarios de jurisprudencia europea en materia de Derecho de Propiedad Industrial e Intelectual que realiza Elzaburu).
Documentos citados:
- Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.
- Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
- Sentencia del Tribunal de Justicia (UE) Gran Sala, de 13 de mayo de 2014
- Instrumento de ratificación del Protocolo numero 12 al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (Número 177 del Consejo de Europa), hecho en Roma el 4 de noviembre de 2000.
ENGLISH VERSION
The right to be digitally forgotten. Judgment of the Spanish Supreme Court of 15 October 2015
1. Background.
This case stems from a news article published by the newspaper “El País” in 1985 regarding the arrest of A and B for drug trafficking. The article also made reference to their drug addiction and to the medical treatment that they received whilst in prison in order to ease their withdrawal symptoms.
The newspaper’s digital library became accessible to the public free of charge in 2007. When the names and surnames of those concerned were used as keywords in the general Internet search engines, a link to the website containing the news article appeared among the first search results.
The initial complaint prompting these proceedings was filed when the newspaper rejected the request to stop processing the personal data of A and B and the possibility of replacing them with their initials and/or adopting technological measures to prevent information on events occurring many years ago from being indexed in the general Internet search engines.
Chamber I of the Spanish Supreme Court resolved the appeal on a point of law lodged by Ediciones El País, S.L. against Barcelona Court of Appeal’s judgment in respect of the ordinary proceedings heard by Barcelona Court of First Instance no. 21.
2. Findings.
The Court brought to the fore the scope of liability of website publishers, specifically digital libraries which contain personal data enabling news articles to be indexed in search engines. It stated that such libraries process data under the obligation to abide by the requirements established by law, specifically, the “data quality principle” (art. 6 of Directive 1995/46/EC and art. 4 of Law 15/1999). The Supreme Court considered that the passing of time rendered the data processing inadequate with regard to the purpose of the data collection, thus echoing the CJ’s judgment of 13 May 2014, Google (C-131/12) in the “right to be forgotten” case.
It also found that the newspaper’s refusal to cancel the processing of the plaintiffs’ personal data infringed their right to personal data protection and encroached on their rights to honour and privacy, bearing in mind that the automatic indexing of the information contained in the digital library, despite the fact that that information was truthful, caused disproportionate damage to the reputation of the affected parties, since A and B were not important public figures and the events lacked historical relevance. Such indexing would not be covered by the right of digital libraries to freedom of information, which they exercise to a softer degree in view of the secondary role that they perform, as declared by the European Court of Human Rights (ECHR).
The Court also acknowledged the need for the website publisher to adopt technological measures, making use of the pertinent exclusion protocols in order to prevent the affected parties’ personal data from being indexed and stored on search engine databases. Nevertheless, it overturned the Appeal Court’s decision not to publish identification details (neither their names nor their initials) and revoked the prohibition on indexing personal data for use by the digital library’s internal search engine, thus acknowledging the integrity of digital archives protected under Art. 10 of the European Convention on Human Rights and supported by the ECHR, which precludes the alteration of the content of such archives by removing or deleting data. The Court analysed this issue by drawing a distinction between those who more actively search for information, who must be able to access the news through the digital library’s search engine, and the general audience, i.e., search engine users, for whom the news article would be invisible.
Lastly, the Court upheld the data subjects’ right to compensation.
3. Remarks.
This is the first Supreme Court judgment on the “right to be digitally forgotten”, where the Court establishes the scope and limitations of that right. Although it acknowledges the relationship between the passing of time and privacy and accepts the data subjects’ objection to the processing of their personal data, it specifies that this right does not entitle “each person to custom-build their past”. It confirms the media’s liability with respect to news articles stored in their digital libraries by appropriately weighing up public and private interests. This judgment is an important step forward in the process of securing full and effective protection for personality rights in the digital environment. Paradoxically, the necessary preservation of privacy in an era of hyperconnectivity can be achieved using technological tools. The legislative recognition of the “right to be forgotten” could become a reality if the proposed General Data Protection Regulation is ultimately approved. That Law, Art. 17 of which regulates the “right to be forgotten”, would be directly applicable in the Member States.
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