¿Qué se celebra y para qué sirve?
La declaración de 1959 no era suficiente para proteger los derechos de la infancia. Tras diez años de negociaciones con gobiernos de todo el mundo, líderes religiosos, ONG, y otras instituciones, se logró acordar el texto final de la Convención sobre los Derechos del Niño, el 20 de noviembre de 1989, cuyo cumplimiento es obligatorio para todos los países que la han firmado.
El objetivo del Día Universal del Niño es recordar a la ciudadanía que los niños son el colectivo más vulnerable y, por tanto, que más sufre las crisis y los problemas del mundo.
En diciembre del año 1990 España ratificó la Convención de los Derechos de la Infancia. Esta Convención recoge, entre otros derechos, los siguientes:
- Derecho a la vida
Ningún niño puede ser asesinado o agredido de manera física y debe crecer en condiciones óptimas. - Derecho a la alimentación
Todo niño tiene derecho a una buena alimentación, ningún niño debería pasar hambre o sufrir de inanición. - Derecho a la educación
Todos los niños deben recibir educación que contribuya a crear su propio futuro - Derecho al agua
Todos los niños deben tener derecho a contar con agua potable. - Derecho a la salud
Ningún niño debe padecer alguna enfermedad generada por no poder brindarle la asistencia médica en el momento indicado. - Derecho a la identidad
Todos los niños tienen derecho a tener un nombre y un apellido que los identifiquen. - Derecho a la libertad de expresión
Todos los niños tienen derecho a poder expresarse y dar sus opiniones sin que sean vejados por ello. - Derecho a la protección
Todos los niños deben vivir en un entorno seguro, sin amenaza ni armas. - Derecho al juego
Deben tener derecho a jugar, lo que les permitirá desarrollar aspectos sociales fundamentales para poderse convertirse en adultos estables emocionalmente - Derecho a tener una familia
Siendo los niños personas en crecimiento, necesitan de toda la compresión y el amor que se les pueda brindar. Esta compresión debe partir de la familia donde el niño se desarrolle.
Marco Legal en España
La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, constituye, junto a las previsiones del Código Civil en esta materia, el principal marco regulador de los derechos de los menores de edad, garantizándoles una protección uniforme en todo el territorio del Estado.
Todo el sistema de protección de menores se basa en el principio del interés superior del menor, que obliga tanto a las instituciones públicas como a las instituciones privadas, a los tribunales y a las autoridades administrativas a considerar dicho interés con preferencia y por encima de cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir, incluso del de sus propios progenitores y familiares.
El interés del menor tiene la categoría de principio general de Derecho, o principio informador, puesto que inspira toda la normativa de referencia en esta materia. Trata de dar protección al más débil, mediante la acción coordinada de los diversos operadores jurídicos: la abogacía, la autoridad administrativa, el Ministerio Fiscal y los jueces.
Estos aspectos están ampliamente desarrollados en el Memento Familia (Civil) de Lefebvre.
Por otra parte, de conformidad con la estructura territorial y administrativa del Estado español, las Comunidades Autónomas, dotadas de potestad legislativa, han desarrollado extensamente la legislación autonómica en materia de protección y promoción de los derechos de los menores.