Se trata, en concreto, de los anteproyectos de ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y de Régimen Jurídico del Sector Público.
En la rueda de ministros posterior al Consejo en el que aprobaron ambos Anteproyectos el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aseguró que ambas normas tienen como objetivo mejorar el funcionamiento interno de la administración y su relación con los ciudadanos.
Mantiene el método tradicional
Entre otras cosas, el Gobierno impulsará el uso de las nuevas tecnologías, que será obligatorio en la relación entre administraciones y entre estas y las empresas, mientras que será prioritario en los trámites con los ciudadanos. Para los que quieran el método tradicional, seguirá habiendo funcionarios que les atiendan.
"Queremos llegar completamente a la administración electrónica, en la que desaparecerá el papel y que estará totalmente interconectada. Tiene ventajas grandes para los ciudadanos, que pueden realizar sus gestiones en cualquier momento y con independencia del organismo al que se dirijan", explicó entonces el ministro.
Así, los informes que estudiará el jueves del CGPJ versarán sobre los aspectos jurídicos de la identificación de los ciudadanos y el sistema de firma electrónica y estudiarán también el hecho de que sea la administración la que busque copias de documentos ya registrados electrónicamente.
