En un comunicado el Icab critica que la nueva tasa, que grava los procesos en 120 euros para la prestación de servicios personales y materiales en la administración de Justicia competencia de la Generaltiat, genera una "doble imposición" porque se añade a la tasa estatal.
Recuerdan que la tasa autonómica recae sobre los mismos servicios que la tasa española, los de apoyo al ejercicio de la potestad jurisdiccional.
Precisamente para evitar esta duplicidad, los abogados catalanes exigen la transferencia a Cataluña de todos los recursos generados por la tasa judicial estatal que reviertan y cubran las necesidades exclusivas de la justicia catalana.
También han considerado que la implantación de esta medida debe ser "un instrumento excepcional y justiciable desde el punto de vista transitorio".
