En el caso de los juzgados de lo Social, la crisis derivada del Covid-19 ha supuesto un duro golpe para las empresas, hasta el punto de que muchas se han visto obligadas a cerrar. En este contexto, en el que los ERTEs están suponiendo un balón de oxígeno en muchos casos, se teme que cuando se agote esta solución transitoria se produzca un incremento de trabajo en unos juzgados que ya estaban muy saturados muy anterioridad, asumiendo cargas de trabajo muy por encima de la previsión inicial.
A todo ello se suma el hecho de que se están reprogramando los señalamientos que se suspendieron en el primer estado de alarma en el año 2020, de modo que los juzgados se están acercando a una situación de colapso y presentan fechas de celebración de juicios inaceptables en cuestiones como los despidos o las reclamaciones de cantidad. “La pandemia está agravando una situación que ya era preocupante, sin que haya generado ninguna respuesta ni refuerzo”, afirma el decano del Colegio de Abogados de Málaga, Salvador González.
En cuanto a los juzgados de lo Mercantil, la situación es igualmente preocupante, toda vez que la moratoria concursal acabará el próximo 14 de marzo. A este respecto, Salvador González señala la urgencia de crear un tercer juzgado de lo Mercantil en Málaga: “Si antes de la pandemia ya era necesario, ahora resulta imprescindible evitar el colapso de la Justicia y que esta se convierta en un freno a la necesaria recuperación económica”, ha apuntado.
“El tercer juzgado de lo Mercantil de Málaga debe entrar en funcionamiento de inmediato”, ha incidido el decano, quien ha hecho referencia a que Málaga es la quinta provincia española en número de sociedades y a la complejidad que añade el componente internacional de sus empresas. “De esta realidad surge una conflictividad a la que no se está dando una respuesta adecuada y que, cuando finalice la moratoria, se agravará”, ha advertido.
En cambio, hay nueve provincias que cuentan con tres o más juzgados de lo mercantil: Alicante, Sevilla, Palmas de Gran Canaria, Bilbao, Murcia, Baleares (Palma), Valencia, Barcelona y Madrid.
Además de incrementar los recursos humanos, el decano insiste en la necesidad de que la Justicia afronte de una vez por todas la ansiada transformación digital, de modo que cuente con los mismos recursos tecnológicos que otras administraciones públicas, como Hacienda o la Seguridad Social. En este sentido, Salvador González apunta que el sistema ‘Circuit’ que ofrece la Junta de Andalucía para el ámbito de Justicia es “inadecuado e insuficiente”, ya que “no cuenta con funcionalidades básicas que existen hoy día en aplicaciones de mucha menor relevancia”.
