La iniciativa tiene por objeto "garantizar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas y regular el acceso a una atención sanitaria y social de calidad". Para ello, esta norma determina la constitución de varios órganos de gobernanza, como el Centro Estatal de Salud Mental. Se trata de un órgano colegiado adscrito al Ministerio de Sanidad y al que corresponderá el asesoramiento técnico y la evaluación de las actuaciones públicas en materia de la salud mental en los ámbitos estatal y autonómico así como la elaboración de la Estrategia Española de Salud Mental.
La proposición de ley también contempla la creación del Consejo de Participación de Salud Mental, así como la Defensoría de la persona con problemas de salud mental, un órgano dependiente de cada comunidad autónoma.
Por otra parte, el texto introduce definiciones legales sobre conceptos como suicidio, autonomía, recuperación, atención integral, consentimiento informado, decisión compartida y violencias machistas.
Derechos reconocidos
Esta iniciativa recoge los derechos de los que dispondrán las personas afectadas por problemas de salud mental y, específicamente, las personas con diversidad funcional, niños, niñas y adolescentes y las mujeres cuya salud mental requiera atención. Entre estos derechos reconocidos en el texto cabe destacar el derecho a una atención integral; derecho de audiencia, a ser atendido, escuchado y a que sus intereses sean valorados como primordiales; a la no discriminación; a conservar la autonomía; a otorgar poderes preventivos; a una información veraz y completa sobre la propia salud mental y los tratamientos; a las decisiones compartidas; al consentimiento informado; al uso de estrategias de decisiones anticipadas; a escoger a una persona que le acompañe durante la recuperación; y a la autodeterminación de la persona con diversidad funcional.
En cuanto a los derechos de niños, niñas y adolescentes afectados por problemas de salud mental, el texto recoge la implementación de programas específicos orientados a la prevención y a la promoción de la salud mental en los centros de atención primaria, en centros educativos y en los servicios sociales, dirigidos especialmente a la población infanto-juvenil y sus familias. De la misma manera, se implementarán entrevistas dirigidas a predecir problemas psicológicos y sociales. Por su parte, el texto reconoce el derecho de las mujeres al acompañamiento psicológico en los procesos de denuncia por violencia machista, al apoyo psicológico, social y sanitario para el ejercicio de la maternidad, así como el derecho a no ser sometidas a procesos de esterilización forzada y aborto coercitivo.
La norma subraya que, como función de garantía y verificación del cumplimiento efectivo de los derechos y prestaciones reconocidas en el texto, el Estado ejercerá la Alta Inspección.
Servicios públicos de salud mental
En cuanto a las actuaciones públicas, el texto prevé el establecimiento de unos criterios marco para garantizar un tiempo máximo de acceso a los servicios de salud mental, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Serán las comunidades autónomas las que concretarán estos plazos; además, deberán reforzar sus medidas de prevención y promoción de la salud mental. De igual forma, marcarán ratios mínimas de profesionales de la salud mental, que no podrán ser inferiores a "18 psiquiatras, 18 psicólogas y psicólogos clínicos y 23 enfermeros y enfermeras especialistas de salud mental por cada 100.000 habitantes".
De igual modo, la iniciativa dispone que los centros implementarán "los cambios pertinentes en el funcionamiento de los servicios destinados a posibilitar la regulación y tender a la eliminación de la contención mecánica y otras formas de coerción, farmacológicas o de otro tipo". La iniciativa también establece que ninguna persona será sometida a terapia electroconvulsiva sin su autorización previa. En cuanto al internamiento, no se podrá realizar en contra de la voluntad del paciente, salvo por orden judicial, y los pacientes podrán tener acceso a sus pertenencias personales.
Por último, la proposición de ley también incluye la investigación y promoción de la salud mental; campañas contra el estigma; y un protocolo de prevención del suicidio, que será elaborado por el Ministerio de Sanidad. Igualmente, la iniciativa contempla un plan de atención específico para aquellas personas cuya salud mental se haya visto afectada como consecuencia de la pandemia ocasionada por el COVID-19.
