Sobre el segundo de estos temas la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, ya advirtió al Ministerio de Justicia calificando de "anomalías" los problemas detectadas por los diferentes actores de la Administración en el uso del sistema de notificación telemática, que es uso obligatorio desde el 1 de enero y con el que el departamento que dirige Rafael Catalá quiere implantar el "papel cero".
El propio ministro ha venido reconociendo en diversas comparecencias públicas que "en ocasiones" se producen colapsos en LexNET por el gran volumen de documentos -más de ocho millones de comunicaciones desde el 1 de enero, cuando entró en vigor-- si bien sostiene que en no se producen retrasos en el cumplimiento de los plazos procesales.
En un informe interno, la Fiscalía se ha sumado a quienes subrayan la "excesiva lentitud" de LexNET y sus "constantes caídas y pone sobre la mesa anomalías como la imposibilidad de controlar y visualizar la entidad del expediente, la ausencia de firma de las resoluciones judiciales que se notifican, así como la insuficiente formación recibida respecto de alguna de las causas.
Precisamente este martes, Catalá y Madrigal han abordado "lo que va bien y lo que no va tan bien", en palabras del ministro, en el plan de digitalización a través del sistema LexNET.
Plazos de la Instrucción
En cuanto a los plazos de la instrucción, obligan a que el próximo 6 de junio todas las causas en tramitación en los juzgados estén ya clasificadas entre complejas o no para dar cumplimiento al artículo 234 de la LECrim, que establece que las simples tendrán un plazo de investigación de solo 6 meses.
En los últimos meses asociaciones de jueces como la Unión Progresista de Fiscales (UPF) han venido quejándose por la carga de trabajo que esta clasificación les ha supuesto tras la recepción los Oficios procedentes de la Inspección Fiscal y la Unidad de Apoyo de la Fiscalía General del Estado en relación con el plan de control de las causas.
