A unos días de la celebración del primer examen, se sabe con certeza que es voluntad del Ejecutivo, de nuevo, modificar la estructura y contenidos de dicha prueba para las próximas convocatorias, según un comunicado de CONEDE.
En este sentido, el Consejo Nacional de Estudiantes de Derecho, como máxima representación de los intereses de los estudiantes de derecho de nuestro país, ha celebrado recientemente encuentros con responsables del Ministerio de Economía y Competitividad, así como del Consejo General de la Abogacía Española y el Consejo General de Procuradores de España, a los efectos de estudiar una posible reforma legislativa de la Ley 34/2006 en el sentido de suprimir definitivamente dicha prueba, mediante la oportuna previsión en la nueva Ley de Servicios Profesionales (cuyo borrador de anteproyecto, recordemos, ya preveía dicha previsión normativa de reforma).
El presidente de CONEDE, Alejandro Soto, se ha referido a estas reuniones como "un primer paso necesario, y esperemos que fructuoso, en el largo camino de la negociación que derive finalmente en la eliminación de la prueba nacional habilitante".
De este modo, CONEDE manifiesta su profundo rechazo a la implantación y consolidación de una prueba nacional respecto a la cual desde el principio se colaboró activamente, pero que el transcurso del tiempo la ha configurado como un verdadero obstáculo a la colegiación, requisito imprescindible para el desempeño de las actividades propias de ambas profesiones.
Así, Soto ha expresado que "un examen nacional de estas características lo que supone realmente es el cuestionamiento de la calidad de la formación impartida por las Facultades de Derecho de las universidades, públicas y privadas, de nuestro país".
Finalmente, el presidente de la entidad ha puesto de manifiesto que "no existe realmente un precedente similar en el ámbito comunitario al sistema de acceso a la abogacía o procura que se ha diseñado. Los países de nuestro entorno exigen bien una formación de postgrado, bien la realización de un período de prácticas o la habilitación por parte de un colegio de abogados, bien la realización de uno o varios exámenes de Estado, o una combinación de las anteriores; pero en ningún caso todas ellas al mismo tiempo".
Es por ello que el Consejo Nacional de Estudiantes de Derecho demanda el mantenimiento de los másteres diferenciados (abogacía, por un lado; y procura, por otro) como paso previo a la colegiación en su respectiva institución, para el desempeño de sus respectivas competencias profesionales, así como la inmediata supresión en todo caso de la recientemente convocada prueba nacional de acceso, cuya primera edición tendrá lugar el próximo 28 de junio en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid.