Todos los grupos parlamentarios acordaron en la primavera de 2013 constituir en el seno de la Comisión de Empleo una subcomisión para estudiar cómo afrontar el problema del paro juvenil partiendo de las mejores prácticas de otros países y del análisis realizado por expertos de diferentes ámbitos.
Además, este órgano debía hacer un seguimiento de las iniciativas puestas en marcha --entre ellas la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Juvenil--, analizar aspectos como los cambios en la formación profesional o la relación entre sistema educativo y mercado laboral, entre otros; y proponer ideas para fomentar la creación de puestos de trabajo destinados a este colectivo.
Desde su constitución formal, en junio de 2013, la subcomisión contaba con dos años de trabajos, al término de los cuales había de presentar un informe con conclusiones y recomendaciones a la Comisión de Empleo, documento que después debía ser elevado para su aprobación definitiva al Pleno del Congreso.
Dejó de trabajar en diciembre de 2014
Sin embargo, la norma que limita a seis las subcomisiones que pueden operar simultáneamente en la Cámara Baja llevó hasta septiembre de 2013 la puesta en marcha de este órgano, aunque los grupos no presentaron sus solicitudes de comparecencia hasta diciembre de ese año.
Pese a tratarse de un problema "prioritario" para todas las formaciones, el primer experto no compareció hasta marzo de 2014 y, desde entonces, apenas pasaron por el Congreso 28 comparecientes, algo menos de un tercio de los 70 que se solicitaron. De hecho, la última sesión de la subcomisión tuvo lugar a mediados de diciembre de 2014.
Desde entonces este órgano ya no se volvió a reunir y ahora, con la disolución de las Cortes por la convocatoria de elecciones, su mandato decae sin que se hayan escuchado a todos los expertos ni se hayan extraído conclusiones, propuestas o recomendaciones que elevar al Gobierno. Tras diez meses de trabajo efectivo el trabajo queda en el aire, y será el próximo Congreso el que deba decidir si vuelve a convocar este órgano de análisis.
Sindicatos, empresas y responsables públicos
Durante los trabajos de la subcomisión se pudieron escuchar los análisis y recomendaciones de catedráticos universitarios, profesores de instituciones internacionales, representantes de organismos públicos como la Comisión Europea (CE) o la Organización Internacional del Trabajo (OIT) o responsables de administraciones públicas como la Junta de Andalucía, el Principado de Asturias o el Gobierno vasco.
También comparecieron los secretarios de Estado de Educación, Empleo y Seguridad Social; así como representantes de los sindicatos UGT y CC.OO., de organizaciones de autónomos como ATA y UPTA, y de empresas como Accenture o Siemens. Organismos centrados en el colectivo juvenil como la Confederación Española Jóvenes Empresarios (CEAJE) el Consejo de la Juventud, la Youth Business Spain o ESADE, también pasaron por la Cámara Baja.
Sin embargo, quedaron en el tintero las voces de otras personalidades como la CEOE, Cepyme, la patronal catalana PIMEC, el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, la Confederación Empresarial de la Economía Social (CEPES), el Consejo de la Juventud Española (CJE), la organización Juventud sin Futuro o la OCDE.
