Así lo ha señalado en una entrevista en el Ministerio Fiscal, recogida por Europa Press, en el marco del Día de la Seguridad y Salud en el Trabajo, tras ser preguntado sobre de qué forma el Ministerio Fiscal puede contribuir a prevenir la siniestralidad.
Así, se ha referido a la toma de conciencia de empleadores y trabajadores "respecto de la necesidad de prevenir y limitar los riesgos derivados de la siniestralidad laboral, con costes no solo económicos y profesionales sino, principalmente, en sufrimiento y dolor en las víctimas y sus familias".
"La configuración de planes de prevención de riesgos laborales, definidos con precisión y cuyo estricto cumplimiento sea una autoexigencia de todas las partes, la existencia de servicios de prevención que cumplan con su cometido con rigurosidad y el compromiso institucional para que la sociedad tome conciencia de la entidad del problema, serán modos de combatir y prevenir este grave problema social", ha zanjado.
También ha puesto el foco sobre la necesidad de campañas en los medios de comunicación, similares a las de seguridad vial, que contribuyan "a tomar conciencia de esta realidad y sus dolorosas consecuencias", han añadido. De otra parte, ha comentado la importancia de aludir al papel de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y el de los sindicatos de trabajadores, la patronal y los medios de comunicación.
PAPEL DEL MINISTERIO FISCAL
Preguntado acerca del papel que juega la Fiscalía en la lucha contra los delitos que atentan contra la seguridad y salud de las personas trabajadoras, ha detallado que ejerce "las acciones legales en defensa de la ley y de los derechos de las personas trabajadores víctimas de estos delitos". Ha concretado que, en esta materia, el Ministerio Fiscal lo hace a través de la Unidad Especializada y los fiscales delegados que actúan en las distintas fiscalías provinciales, de acuerdo con la dirección determinada por el correspondiente Fiscal jefe, bajo la coordinación de la Unidad y los criterios de unificación que determinan las circulares elaboradas por esta Unidad y dictadas por la Fiscalía General del Estado.
Por tanto, la Unidad de siniestralidad laboral coordina la actuación de los fiscales delegados en la fase de instrucción, al formular el escrito de acusación, en el caso de plantearse una conformidad con este y en los criterios para la actuación en el acto del juicio oral, y posteriormente, el eventual recurso.
Además, los datos que maneja la Unidad beben de las estadísticas publicadas por el Ministerio de Trabajo y Economía Social que, este año, indican un descenso significativo en el número de accidentes laborales de los que se han derivado lesiones graves y leves y, por el contrario, un incremento de cierta importancia en el número de accidentes mortales.
INCIDENCIA POR SECTORES
En cuanto a los sectores que presentan mayor siniestralidad mortal, Pantoja ha apuntado al sector servicios, con una diferencia significativa respecto a la industria, que es el segundo, si bien "tradicionalmente" se ha señalado al de la construcción en el número uno, pero ha aclarado que eso "no es un dato cierto o exacto".
"Por el contrario, el sector con menor incidencia ha sido el sector agrario, aunque este último año y como consecuencia de la pandemia, sus números se han incrementado de una forma muy sensible. Así, en el sector servicios se han producido 243 fallecimientos, en la industria 127, en la construcción 84 y, finalmente, en el sector agrario 74. Como se puede comprobar son unas cifras en todo caso insoportables", ha señalado.
No obstante, ha puesto de relieve que este dato contrasta con el que se desprende de las sentencias dictadas por los Juzgados de lo Penal. En estas, el sector que más condenas suele producir sí que es el de la construcción, debido a, según Pantoja, "que los accidentes producidos en este sector dan lugar a un mayor número de incoación de procedimientos penales, al tratarse de casos por imprudencias graves o muy graves".
DATOS DE RESOLUCIONES DICTADAS
Según los datos que constan en la Fiscalía, el fiscal ha afirmado que se han dictado 347 sentencias por los Juzgados de los Penal en todo el territorio nacional en el año 2020, en tanto que en el año 2019 se dictaron 517, lo cual supone un descenso de 170 sentencias. Naturalmente se refieren a todo tipo de siniestros, no solo de casos de fallecimientos.
Ha detallado que, de las 157 sentencias condenatorias supervisadas por la Unidad, 63 se refirieron al sector de la construcción, que sigue a la cabeza en este aspecto, seguido de las 46 sentencias del sector servicios, sector industrial con 32 sentencias y agrícola con 10. También constan dos sentencias condenatorias en el sector de la pesca, una en el forestal, y otra en el del transportes.
