El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se formalizan los criterios de reparto y distribución de un crédito de seis millones de euros entre las comunidades autónomas con competencias transferidas en materia de Administración de Justicia, destinado a la modernización tecnológica y a la preparación de sus respectivas infraestructuras para mejorar las comunicaciones electrónicas gracias a la consecución de un sistema de gestión procesal común.
La distribución de este crédito, así como los criterios de reparto del mismo, para lo que se ha contado con indicadores como la población de derecho de cada comunidad, la litigiosidad registrada durante el pasado ejercicio y la planta judicial actual, se acordaron en el Pleno de la última Conferencia Sectorial celebrada el pasado día 26 de julio:
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COMUNIDAD AUTÓNOMA |
CANTIDAD ASIGNADA SEGÚN POBLACIÓN, LITIGIOSIDAD, PLANTA |
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Andalucía |
22,9% |
1.373.650,50 |
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Aragón |
3,3% |
195.284,82 |
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Principado de Asturias |
3,0% |
178.691,00 |
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Canarias |
6,2% |
374.216,00 |
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Cantabria |
1,6% |
95.866,00 |
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Cataluña |
18,7% |
1.120.021,00 |
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Comunidad Valenciana |
12,9% |
774.943,00 |
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Galicia |
7,3% |
439.135,00 |
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La Rioja |
0,8% |
45.029,00 |
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Comunidad de Madrid |
16,9% |
1.011.461,00 |
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Comunidad Foral de Navarra |
1,5% |
90.006,00 |
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País Vasco |
5,0% |
299.958,00 |
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Total |
100% |
5.998.261,32 |
El objetivo de esta iniciativa es avanzar en la necesaria integración tecnológica plena de la Administración de Justicia mediante una mejora en la eficiencia operativa de la gestión procesal. Actualmente existen nueve sistemas procesales diferentes, resultando muy complicado cumplir en toda España con unos principios básicos de coordinación, cooperación y reutilización de soluciones, lo que redunda en una pérdida de la calidad en el servicio prestado tanto a ciudadanos como a profesionales del mundo de la Justicia.
El Ministerio ha propuesto un sistema de gestión procesal común avanzado tecnológica y funcionalmente, que garantice la máxima eficiencia y ahorro de costes para todas las administraciones. El nuevo sistema sustituirá de forma paulatina el actual, incorporando la gestión de asuntos judiciales en formato electrónico. Para ello, se habilitará la entrada automática de escritos y demandas a través de LexNET y la Sede Judicial Electrónica, incrementando las funcionalidades necesarias para la tramitación electrónica y la notificación de las partes.
Esta dotación económica tiene como objetivo financiar los gastos e inversiones necesarios para abordar la transformación digital en el ámbito de cada comunidad autónoma a través de una financiación adicional con la que el Estado contribuye al proceso de modernización de la Justicia.
