Este asunto ha generado un gran malestar entre los partidos de la oposición, que tanto en el debate de las enmiendas de totalidad de la semana pasada como en sus enmiendas parciales reclamaban al Gobierno dar marcha atrás. Así, durante la Ponencia celebrada el lunes los 'populares' aceptaron revisar el tema, si bien finalmente han decidido mantener el artículo con su redacción original.
El portavoz 'popular' de Justicia, José Miguel Castillo Calvín, ha negado que la intención sea "castigar a quienes perciben indebidamente una prestación, sino castigar a quienes engañan para obtener una prestación indebida" para que lo que se considera estafa si ocurre entre particulares o empresas no reciba un reproche menor cuando el afectado es la Seguridad Social.
"Una infracción fiscal consiste en no aportar recursos a la caja común, pero en el fraude de prestaciones se engaña para llevarse dinero de la caja de todos. Si estafar a un particular o a una empresa es delito, con mayor razón hay que sancionar a quien estafa a la Seguridad Social", ha insistido, afirmando que la ley deja un margen de "discrecionalidad" para tener en cuenta circunstancias atenuantes. No obstante, el PP cree que es necesario "tener un mecanismo para castigar estos casos" ante la "masificación" de "fraudes de dimensiones pequeñas o medianas" de este tipo.
No se beneficia al gran defraudador
Castillo Calvín también ha rechazado que la norma beneficie a los grandes defraudadores, alegando que se crean delitos nuevos, se agravan algunas penas y se aumentan los plazos de prescripción, entre otras medidas. Así, ha asegurado que el objetivo es "hacer más difícil el fraude, dar efectividad a los mecanismos de cobro y endurecer el reproche a quienes pretenden beneficiarse fraudulentamente del sistema".
Así, ha explicado que la consideración de que la regularización de activos es una excusa absolutoria --es decir, que acogerse a la 'amnistía fiscal' libera de cualquier responsabilidad penal al defraudador-- persigue evitare denuncias "abocadas a ser archivadas" y que "saturan los tribunales" a la vez que "desincentivan la regularización".
Así las cosas, los 'populares' sólo han aceptado una enmienda de UPyD para que los partidos políticos y los sindicatos estén sujetos al régimen general de responsabilidad penal como el resto de personas jurídicas.
Todos los grupos mantienen sus enmiendas
En estas circunstancias, el PP se ha quedado solo en la votación del proyecto de ley, que únicamente ha contado con el respaldo de los 23 diputados del Grupo Popular frente a 14 rechazos y tres abstenciones. El dictamen de la ley será debatido de forma definitiva el próximo jueves en el Pleno del Congreso, junto con todas las enmiendas de los grupos.
Así, el portavoz del PSOE en materia de Justicia, Julio Villarubia, opina que la ley es "profundamente triste" porque da "impunidad a los grandes delincuentes de cuello blanco mientras criminaliza a trabajadores, desempleados y pensionistas". "Por favor, rectifiquen, no cometan este atropello", ha instado a los 'populares'.
Ha insistido también en que la norma establece penas de cárcel para "actuaciones reprochables" como cobrar el paro unos días de más o "pintar una fachada mientras se cobra el desempleo", pero no se castiga a quienes defraudan 119.000 euros. "¿Lo pueden explicar? No sé si es inconstitucional, pero sí es desproporcionado, injusto e inmoral poner estas penas", ha insistido.
Además, ha reprochado la "precipitada" tramitación de la norma, que en apenas quince días ha pasado por el Pleno, la Ponencia y la Comisión. "Que no se repita más", ha pedido Villarubia. Su compañera Magdalena Valerio ha defendido las enmiendas socialistas, que proponen igualar las cuantías a partir de las cuales se comete delito en todos los tipos de fraude o mantener la diferenciación entre grupos y organizaciones criminales.
También ha criticado el "derecho penal de los millonarios" que entra en vigor con esta norma, que busca "dar carta de naturaleza" a la 'amnistía fiscal' al hacer que la regularización de lo defraudado haga desaparecer el hecho delictivo.
"Es como si el ladrón devuelve lo robado y ya no hubiera cometido el delito. La consecuencia es el que tenga dinero pagará y dejará de ser delincuente", ha reprochado, proponiendo que para evitar la cárcel los defraudadores tengan que acompañar la regularización con "cooperación" en el esclarecimiento de los hechos y en la recuperación de las cantidades evadidas.
Ley "esperpento"
El diputado de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) Gaspar Llamazares ha calificado el proyecto de "esperpento" que, "diciendo que va a abordar el fraude fiscal, deforma la lucha contra el fraude fiscal" y se queda en "fraude político" a la ciudadanía. "Deberíamos llamarla 'ley Falciani', porque acaba en la cárcel quien denuncia el fraude fiscal y se libran los defraudadores", ha opinado Llamazares, para quien el tratamiento de los diferentes tipos de fraude es "desproporcionado".
"Este proyecto de ley pretende ser la coartada para la impunidad fiscal y para que la amnistía fiscal funcione", ha insistido, criticando el "procedimiento sumarísimo" con que se ha tramitado la norma, sin una verdadera voluntad del PP de llegar a acuerdos con la oposición para cambiar aspectos sustanciales como lo relativo al cobro indebido de prestaciones, que se "criminaliza", mientras se trata "de forma más liviana y con manga ancha" el fraude a Hacienda.
La portavoz parlamentaria de UPyD, Rosa Díez, ha propuesto "perseguir el fraude político" cometido por autoridades o funcionarios --por ejemplo, por la convocatoria de "referéndum ilegales"--. "Se trata de que no salga gratis incumplir las leyes, ponerse por encima de la ley. Porque si sale gratis para una cuestión puede terminar saliendo gratis para todo", ha dicho.
Tramitación con demasiadas prisas
La portavoz de CiU de Justicia, Mercè Pigem, ha aplaudido el "espíritu" del proyecto de ley, pero se ha sumado a las críticas por el procedimiento seguido porque, aunque "formalmente correcto", ha sido "apresurado", lo que "hace prácticamente imposible una tramitación serena". "Todos los proyectos, por buenos que sea, siempre se pueden mejorar", ha recordado a los 'populares'.
Emilio Olabarria, del PNV, cree que esta ley "merece una oportunidad" por su importancia, y admite que a los nacionalistas vascos les gusta que se tipifiquen como delito nuevas conductas de fraude. Sin embargo, considera que el proyecto del Gobierno hace una "incursión ilegítima en la prejudicialidad" en los fraudes por el cobro de prestaciones y cree que el aumento del umbral de punibilidad es "manifiestamente excesivo".
"Serán exonerados de responsabilidad penal miles de defraudadores, los beneficiarios de la amnistía fiscal. En esa franja (entre 50.000 y 120.000 euros) hay muchos defraudadores que podrán regularizar su situación pagando un 10% mientras los contribuyentes honestos pagan por tipos sustancialmente mayores", ha abundado, y ha concluido afirmando que el Parlamento está "legislando mal" por la "precipitación" del procedimiento.
La portavoz del BNG, Olaia Fernández Davila, ha expresado su malestar por una tramitación, a su juicio, demasiado rápida por "imposición" del Ministerio de Justicia, lo que perjudica la transparencia y cuando "no existe absolutamente ninguna urgencia que justifique" esta fórmula.
En respuesta a las críticas sobre la tramitación, el presidente de la Comisión, Alfredo Prada, ha recordado que todos los portavoces acordaron el calendario de tramitación del proyecto, que cumple escrupulosamente con lo previsto en el Reglamento.
