En dicha intervención, el Reino de España deberá responder a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal Constitucional de Bélgica, publicadas ayer en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE C_202501215).
El procedimiento busca esclarecer si los Estados miembros están obligados a excluir del ámbito de aplicación de la Directiva 2019/1937 no solo la información protegida por el secreto profesional de los abogados, sino también aquella amparada por el deber de confidencialidad de otras profesiones jurídicas. Asimismo, se plantea si, en caso de no existir dicha obligación, los Estados pueden decidir libremente esta exclusión o si, por el contrario, la directiva vulnera derechos fundamentales recogidos en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, en particular los artículos 7, 8 y 16, que garantizan el derecho al respeto de la vida privada, la protección de datos personales y la libertad de empresa.
El ICAM considera imprescindible que España adopte una posición clara y responda a estas cuestiones, con el objetivo de reforzar la protección del secreto profesional en el marco de la Directiva 2019/1937, que regula los canales de denuncia de infracciones del Derecho de la Unión. La institución subraya que la defensa del secreto profesional es una piedra angular del derecho de defensa y del ejercicio independiente de la abogacía.
El ICAM recuerda que únicamente los Estados miembros pueden intervenir en este procedimiento, por lo que la participación del Reino de España es crucial para consolidar una postura firme en la protección de la confidencialidad del asesoramiento jurídico.
Este asunto cobra especial trascendencia no solo por su impacto en la garantía de confidencialidad del asesoramiento jurídico, sino también porque la cuestión prejudicial planteada trasciende el ámbito del Derecho de la Competencia y afecta directamente a la esencia del ejercicio de la abogacía, incluyendo la necesidad de proteger la confidencialidad del asesoramiento prestado por los abogados de empresa.
En este contexto, el ICAM subraya que la recientemente aprobada Ley Orgánica del Derecho de Defensa, promovida por el Ministerio de Justicia, refuerza la protección del secreto profesional en su artículo 16. Por ello, la intervención de España ante el TJUE no solo resultaría coherente con su marco normativo interno, sino que también contribuiría a consolidar un criterio uniforme en el ámbito europeo en favor de la confidencialidad de la relación abogado-cliente.
En palabras del decano del ICAM, Eugenio Ribón: “El secreto profesional es una garantía fundamental del Estado de derecho y un pilar esencial del ejercicio de la abogacía. Instamos al Ministerio de Justicia a que tome una postura clara en la defensa de este derecho ante el TJUE, contribuyendo así a reforzar la protección de la confidencialidad del asesoramiento jurídico en toda la Unión Europea”.
El ICAM también destaca que entidades clave, como los Colegios de Abogados belgas y la Asociación Europea de Abogados de Empresa, han manifestado su preocupación por este asunto y su voluntad de participar en el procedimiento. La intervención del Reino de España permitiría consolidar un posicionamiento sólido en defensa de la confidencialidad y de los principios esenciales de la abogacía.
“El ICAM reafirma su compromiso en la defensa del secreto profesional y continuará impulsando iniciativas para garantizar su plena protección”, ha concluido.
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