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Delitos de organización criminal, blanqueo de capitales y delitos contra la Hacienda Pública

El juez de la AN propone juzgar a una organización criminal por fraude fiscal en concepto de IVA de hidrocarburos

Noticia

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha dictado un auto donde propone juzgar a una organización criminal constituida en torno a la empresa Hafesa Energía que, en el periodo comprendido entre 2016 y 2019, habría cometido supuestamente un fraude fiscal en concepto de IVA de hidrocarburos superior a los 154 millones de euros.

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En el auto de pase a procedimiento abreviado, que pone fin a la instrucción, el magistrado pide juzgar al presunto jefe de la trama, el presidente del Grupo Hafesa, Alejandro H., al director general de la mercantil y su lugarteniente, José N.U., así como a otra veintena de personas, por delitos de organización criminal, blanqueo de capitales y cuatro delitos contra la Hacienda Pública.

El titular del Juzgado Central de Instrucción 4 también acuerda en su resolución proceder contra Hafesa Energía como persona jurídica.

Calama considera acreditada la existencia de una organización constituida en torno a la mercantil Hafesa Energía, “que ejerce su actividad en el sector de hidrocarburos, dirigida por su presidente y socio único, Alejandro H., que valiéndose del apoyo del director general, José N.U., y a través del resto de encausados en la presente causa, situados en otros niveles inferiores, ha diseñado, implementado, dirigido y ordenado, de forma opaca, tanto una operativa de fraude fiscal como de blanqueo de capitales, sirviéndose para ello de una estructura de sociedades mercantiles”.

Los encausados, continúa la resolución, crearon toda una red de sociedades mercantiles que, careciendo de estructura económica real, “son cascarones vacíos, operan como meros satélites de Hafesa Energía y el resto de encausados, cuyo único propósito es servir de instrumento para llevar a efecto un fraude en el Impuesto de Valor Añadido (IVA) que grava el comercio de hidrocarburos, interponiéndolas entre su posición y el consumidor final, utilizando la cantidad correspondiente al impago del impuesto como margen comercial de la sociedad instrumental”.

La organización criminal, añade, prolonga esta dinámica en el tiempo, reponiendo las sociedades que son intervenidas en una actuación administrativa o penal a causa de las deudas que contraen con la AEAT, o desprendiéndose de ellas por razones de seguridad relacionas con dicho impago a la Hacienda Pública.

En definitiva, concluye, esas sociedades mercantiles “han sido dispuestas, creadas o adquiridas con la connivencia, el fomento, la participación o la acción directa, de los responsables de este grupo empresarial y han sido integradas en su estructura para la comisión de la operativa defraudatoria”.

Blanqueo de capitales de 46,5 millones de euros

El auto judicial señala que las cuotas defraudadas a través de las sociedades instrumentales han sido sometidas a un proceso de blanqueo de capitales por un total de 46,5 millones de euros, de los cuales aparece identificada la finalidad última respecto de casi 30 millones.

Los principales destinos a los que la organización criminal ha dedicado dicha cantidad son la compra de criptomendas (5,37 millones); transferencias a posiciones en el extranjero (5,37 millones); efectivo (5,71 millones); inversión en inmovilizado (3,13 millones); compra de vehículos (1,95 millones); cheques y talones -sin destino identificado- (1,52 millones de euros) e Inversión en otras empresas, como, por ejemplo, la compra de la operadora Sanvez (5,67 millones de euros).