El Pleno del Parlamento andaluz ha dado luz verde a sendos convenios de colaboración de Andalucía con otras comunidades autónomas en materia de responsabilidad penal de menores y para coordinar programas de protección civil y gestión de emergencias.
Así, el Parlamento ha apoyado por unanimidad la firma de un convenio entre la Junta de Andalucía y los gobiernos autonómicos de Aragón, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Islas Baleares, La Rioja y País Vasco con el fin de establecer fórmulas de colaboración y coordinación en materia de protección civil y gestión de emergencias.
Esta cooperación incluye el desarrollo de un modelo común de peticiones de ayuda, confirmación de recursos, prestación de medios y asistencia mutua en situaciones de riesgo, a través del dispositivo de emergencias 112.
Junto con este convenio, el Parlamento ha aprobado, en este caso con los votos de PSOE-A y PP-A, mientras que IULV-CA lo ha rechazado, otro convenio de Andalucía con Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Islas Baleares y La Rioja, con el fin de facilitar la ejecución de medidas judiciales impuestas a menores infractores en una comunidad distinta de aquella en que tenga su sede el Juzgado sentenciador.
Esta posibilidad se abrirá para aquellos casos en los que se acredite que el domicilio del menor se encuentra en otra comunidad, que la entidad pública competente carezca de plaza disponible adecuada al régimen de internamiento o de medio abierto impuesto o que sea necesario el alejamiento del entorno familiar y social.
Los dos convenios aprobados se suman a otros ocho que la administración andaluza ha firmado en los dos últimos años con comunidades que han reformado sus estatutos de autonomía. Los ámbitos de estos acuerdos son la protección de las víctimas de violencia de género, el reconocimiento recíproco de las licencias de caza y pesca recreativa, la homologación de la formación de los profesionales de tatuajes y 'piercings', el desarrollo de estrategias en materia turística, el uso conjunto de instalaciones juveniles, el intercambio de información sobre productos sanitarios a medida, la coordinación en los programas contra incendios forestales y la definición de estrategias comunes en turismo y política agraria.
