Tolosa ha querido dejar constancia de que "se trata de un informe interno, provisional y no vinculante y que no anticipa la postura del tribunal", de acuerdo con la nota difundida por el Supremo.
Así, ha sostenido que solo "es un punto de partida para el estudio por parte de los magistrados del nuevo recurso de casación y de los problemas que su aplicación pudiera plantear", recordando en este sentido que el informe se entregará a los miembros de la Sala III para que puedan incorporar "las modificaciones que estimen pertinentes".
"No vincula en modo alguno a los miembros de la Sección Cuarta, que serán los encargados del conocimiento de este tipo de recursos", ha remachado el presidente de la Sala Tercera.
"Posible insuficiencia" del decreto-ley
El informe, al que ha tenido acceso Europa Press, plantea una serie de problemas procesales pero apunta también a un conjunto de cuestiones que dice "no se va a examinar" porque "requieren de un estudio profundo que ahora no puede abordarse" al tratarse de "una nota de urgencia".
Entre dichas cuestiones, menciona "el problema de la posible insuficiencia o inadecuación del rango de la norma empleada (decreto-ley) para regular una cuestión como esta, que incide en derechos fundamentales".
Señala asimismo "el problema de la constitucionalidad de la posición institucional en que se viene a situar a los tribunales de justicia, como una suerte de copartícipes ejecutivos en el proceso de adopción de medidas administrativas, al modo de las competencias administrativas compartidas".
Lo que sí dice expresamente es que este decreto-ley "se presenta, de forma implícita pero evidente, como una reacción legislativa contra la interpretación jurisprudencial del marco legal anterior", según el cual este tipo de recurso no era posible.
Lagunas técnicas
El decreto-ley de medidas urgentes aprobado por el Gobierno de cara al final del estado de alarma, el 9 de mayo, ha creado un recurso de casación que permitirá tanto a las comunidades autónomas como a la autoridad estatal recurrir ante el TS cuando los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) y la Audiencia Nacional, respectivamente, se nieguen a ratificar las medidas restrictivas adoptadas en materia sanitaria para luchar contra el coronavirus.
El Gabinete Técnico ha puesto de manifiesto "algunas dudas de naturaleza procesal que suscita, ya en una primera impresión, la lectura de la modificación de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA) que se acaba de operar".
En concreto, advierte de que, aunque el decreto-ley dice que el Tribunal Supremo "fijará doctrina" con estas resoluciones, "ha de tenerse en cuenta que eso puede no ocurrir" porque, al suprimir el filtro inicial que hay para los recursos de casación, es posible que el TS no llegue a pronunciarse sobre el fondo del asunto rechazando la impugnación por problemas formales o falta de interés casacional.
Igualmente, expresa dudas sobre la posibilidad real de poder cumplir con los plazos establecidos por el decreto-ley, que son más cortos que los habituales, debiendo resolver el Supremo en unos ocho días, sumados los tres de traslado a las partes para que aleguen y los cinco posteriores para que el TS dictamine.
"Si, como es de temer, se multiplica la litigiosidad en esta materia, resultará muy problemático resolver los recursos en tan breve plazo, habida cuenta que al Tribunal Supremo accederán, probablemente en fechas coincidentes, recursos procedentes de cualesquiera tribunales inferiores", avisa.
Además, augura "un impacto muy significativo sobre la Sala Tercera del Tribunal Supremo" y recomienda reforzar los medios personales y materiales del Gabinete Técnico, ya "saturado de trabajo", y crear una nueva sección dedicada solo a estos recursos.
